Colectivos contra racismo critican trato a inmigrantes irregulares en España
Asociaciones españolas lamentaron las "medidas escandalosas" que se llevan a cabo para interceptar a inmigrantes irregulares, y denunciaron que los controles de extranjería y las órdenes de expulsión pretenden ser "prácticas ejemplarizantes".
Responsables de dichas asociaciones acudieron este viernes a los juzgados de la ciudad de Santander (norte de España), para apoyar a dos inmigrantes paraguayos sin papeles en el juicio que mantienen con un empresario al que acusan de haberlos empleado irregularmente y de despedirlos de forma improcedente.
Luis Egaña, de 23 años, y Claudio Maturana, de 27, fueron detenidos hace cuatro meses por la Policía española cuando iban a declarar en otro juicio contra el mismo empresario.
Ambos explicaron que el arresto se produjo en el juzgado, el día de la vista, por no tener papeles, y además se les abrió expedientes de expulsión, un hecho que en su momento denunció la asociación "La ruta contra el racismo y la represión".
En esa vista, Maturana pretendía que se reconociera que había trabajado con contrato verbal para la empresa de montaje de escenarios "Escenasant SL" desde abril de 2008 y que fue despedido de forma improcedente.
El portavoz de "La ruta contra el racismo y la represión", Eduardo Romero, señaló que la experiencia que vivieron ese día ambos inmigrantes fue "escandalosa".
Lamentó que los controles de fronteras "con criterios racistas" se extiendan por todo el territorio nacional, y explicó que esas intervenciones para detectar inmigrantes sin papeles llevan a la Policía a detener a padres que van a recoger a sus hijos al colegio o a interceptar personas que se encuentran en los locutorios.
El pasado día 2, 141 asociaciones que trabajan con inmigrantes en España denunciaron ante el Defensor del Pueblo y el Ministerio español del Interior las redadas y detenciones de extranjeros que se llevan a cabo "al margen de la ley" y con criterios "racistas y étnicos".
El informe jurídico presentado por dichos colectivos afirmaba que los controles para identificar a una persona en la vía pública quedan sometidos a "estrictos" requisitos legales, como la constancia de la comisión de un delito que cause grave alarma social o bien que su finalidad sea descubrir a los autores del delito.
Con EFE
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