Familiares de agentes linchados demandan a ministro y a seis jefes policiales
Los familiares de los cuatro agentes que murieron en un caso de linchamiento por parte de indígenas el pasado mayo presentaron una demanda contra el ministro de Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, y seis jefes policiales, confirmó el abogado de las víctimas, Johnny Castelú.
El letrado explicó este sábado que la demanda, presentada el miércoles ante la Fiscalía de La Paz, acusa a Llorenti, al comandante nacional de la Policía, el general Óscar Nina, y otros cinco jefes policiales de los departamentos andinos de Potosí y Oruro por "incumplimiento de deberes, encubrimiento y homicidio culposo".
Esta querella se une a la que hace un mes presentaron dos diputados opositores contra el mismo ministro y tres jefes policiales por los supuestos delitos de "incumplimiento de deberes y "denegación de auxilio", demanda que la Fiscalía aceptó para iniciar el proceso penal correspondiente.
Entonces, el ministro Llorenti declaró que él era uno de los más interesados en que se haga "una investigación profunda de los hechos" y negó haber actuado con "negligencia".
Los "ayllus guerreros" o clanes indígenas del norte de Potosí (suroeste) torturaron y lincharon a los agentes policiales, tras acusarlos de cometer delitos en esa zona.
Uno de los cuatro agentes fue asesinado varios días después que los otros tres, cuando sus familias y ministros del Gobierno de Evo Morales rogaban a los indígenas que entregaran los cuerpos pensando que todos habían muerto una semana antes.
Los "ayllus" impidieron a los investigadores y a fiscales de Potosí entrar al pueblo de Uncía, a 341 kilómetros al sur de La Paz, donde se cometieron los crímenes, para iniciar las investigaciones y dar con los asesinos.
Según informó este sábado la prensa local, hasta el momento sólo se ha detenido a una persona por este caso. Los "ayllus" justificaron su acción en el marco de la aplicación de la "justicia comunitaria", reconocida por la Constitución que promulgó Morales el año pasado, aunque el Gobierno ha insistido en que el linchamiento no es parte de ese sistema.
Los "ayllus" viven en una zona pobre donde se presume que hay actividades del narcotráfico y contrabando de vehículos desde Chile.
Con EFE
