PIEDAD CÓRDOBA PIDE RETENER A SECUESTRADOS HASTA DESPUÉS DE ELECCIONES

¡Esta es Colombia, Pablo!... habría exclamado un tradicional locutor de un popular programa de radio hace unos años, para referirse a esa indiferencia, a esa molicie con que nos movemos frente a los hechos que nos hacen daño, de otra manera no se explica la inexistente reacción de la sociedad colombiana a la petición que la senadora liberal le hace a las Farc: ¡No liberen a los secuestrados hasta después de elecciones!

¿Por qué? Si ella y quienes la secundan en el llamado Movimiento Ciudadanos y Ciudadanas por la paz ganan sus curules ¿Las liberaciones serán posibles? Si las pierden ¿Continuará la tortura hasta un nuevo evento electoral? Si esa es la razón, la senadora está incurriendo en secuestro extorsivo, ni más ni menos, pues aspira a que la continuación del secuestro le reditúe electoralmente a ella y su grupo, y si las declaraciones de un delincuente sirven para ordenar captura de otros políticos, con mayor la razón la honorable Corte Suprema de Justicia debe atender esta manifestación directa de una persona que públicamente, y haciendo ostentación de su cargo, se pone de plano al margen de la ley, aquí no hay razones de altruismo.

Aquí y en cualquier parte del mundo, la conducta punible se materializa al instigar públicamente a cometer un delito determinado contra una persona o institución sin que necesariamente el hecho instigado se ejecute, pedirle a los narcoterroristas que mantengan, que prolonguen la condición ilegal del secuestro hasta un determinado período (así sea un día), debe ser causa de judicialización del instigador y más si éste es un funcionario público, situación agravante de la conducta.

Seguramente si un funcionario público hubiere manifestado públicamente que se mantuviere irregularmente retenido a alguno de los múltiples capturados en las operaciones contra el narcoterrorismo y contra los que el poder judicial se niega a proceder judicialmente, cuanta ONG, cuando colectivo de abogados, sindicatos y demás, se habrían rasgado las vestiduras y cubierto de cenizas para pedir la condena de ese funcionario; pero hasta hoy, ni el Restrepo Alvear, ni Justicia y Paz, mucho menos Ciudadanos y Ciudadanas por la paz o la pléyade de candidatos a corporaciones públicas o a la misma presidencia, se han referido al tema, ¿Quizá porque las víctimas son apenas miembros de esa Fuerza Pública que tanto se vitupera a diario?

Es más, el mismo Profesor Moncayo, candidato del Polo al Congreso, ha guardado un cómplice silencio pese a sus sempiternas manifestaciones del dolor que le produce la prolongación del secuestro de su hijo.

El 21 de septiembre pasado los medios de comunicación señalaban que la autorización del gobierno para la mediación de Piedad Córdoba en la liberación de 24 militares y policías en manos de las Farc renovaba la esperanza de que serían liberados; frente al actual anuncio de la misma Piedad Córdoba guardan silencio e inexplicablemente han suprimido de sus páginas electrónicas la nota periodística, después del tibio anuncio que hicieron el día de la manifestación de la senadora liberal, como tampoco volvieron a hacer referencia al hecho cierto que esos medios publicaron de la petición que la señora Córdoba le hiciera a las Farc de mantener a Ingrid en cautiverio hasta el final del proceso para guardar la carta de presión internacional.

Y vale la pena traer a colación el cuento; si la Operación Jaque no se hubiere desarrollado, Ingrid estaría en la selva en manos de sus captores y Colombia tendría encima la presión francesa de recurrir a cualquier concesión para que las Farc la liberaran. En el peor escenario, Ingrid habría muerto ya amarrada a un árbol y su cadáver sería motivo de negociación de las Farc como lo es del Mayor Guevara de la Policía. Debe recordarse que el cadáver de este miembro de la Policía es otro de los retenidos gracias a los intereses politiqueros de los mediadores que han interferido en su liberación.

Es una afrenta nacional que el doctor Pardo, Director y Candidato del Partido Liberal, ex ministro de Defensa Nacional, no se haya pronunciado sobre el delito cometido por la miembro de su organización política y con ello desdice frente a los colombianos su verdadero compromiso con la seguridad patria, mucha más ahora cuando los vínculos Farc-movimiento bolivariano y quienes amenazan con la guerra contra Colombia no son una especulación mediática, sino realidades tangibles; lo único que le ha faltado a Colombia es con enviarnos Sukoi a bombardearnos si los amigos del proyecto socialista del siglo XXI no triunfan, porque ya se impartió la orden de mantener cautivos ilegalmente a los secuestrados para justificar resultados.

PIEDAD CÓRDOBA PIDE RETENER A SECUESTRADOS HASTA DESPUÉS DE ELECCIONES

¡Esta es Colombia, Pablo!... habría exclamado un tradicional locutor de un popular programa de radio hace unos años, para referirse a esa indiferencia, a esa molicie con que nos movemos frente a los hechos que nos hacen daño, de otra manera no se explica la inexistente reacción de la sociedad colombiana a la petición que la senadora liberal le hace a las Farc: ¡No liberen a los secuestrados hasta después de elecciones!

¿Por qué? Si ella y quienes la secundan en el llamado Movimiento Ciudadanos y Ciudadanas por la paz ganan sus curules ¿Las liberaciones serán posibles? Si las pierden ¿Continuará la tortura hasta un nuevo evento electoral? Si esa es la razón, la senadora está incurriendo en secuestro extorsivo, ni más ni menos, pues aspira a que la continuación del secuestro le reditúe electoralmente a ella y su grupo, y si las declaraciones de un delincuente sirven para ordenar captura de otros políticos, con mayor la razón la honorable Corte Suprema de Justicia debe atender esta manifestación directa de una persona que públicamente, y haciendo ostentación de su cargo, se pone de plano al margen de la ley, aquí no hay razones de altruismo.

Aquí y en cualquier parte del mundo, la conducta punible se materializa al instigar públicamente a cometer un delito determinado contra una persona o institución sin que necesariamente el hecho instigado se ejecute, pedirle a los narcoterroristas que mantengan, que prolonguen la condición ilegal del secuestro hasta un determinado período (así sea un día), debe ser causa de judicialización del instigador y más si éste es un funcionario público, situación agravante de la conducta.

Seguramente si un funcionario público hubiere manifestado públicamente que se mantuviere irregularmente retenido a alguno de los múltiples capturados en las operaciones contra el narcoterrorismo y contra los que el poder judicial se niega a proceder judicialmente, cuanta ONG, cuando colectivo de abogados, sindicatos y demás, se habrían rasgado las vestiduras y cubierto de cenizas para pedir la condena de ese funcionario; pero hasta hoy, ni el Restrepo Alvear, ni Justicia y Paz, mucho menos Ciudadanos y Ciudadanas por la paz o la pléyade de candidatos a corporaciones públicas o a la misma presidencia, se han referido al tema, ¿Quizá porque las víctimas son apenas miembros de esa Fuerza Pública que tanto se vitupera a diario?

Es más, el mismo Profesor Moncayo, candidato del Polo al Congreso, ha guardado un cómplice silencio pese a sus sempiternas manifestaciones del dolor que le produce la prolongación del secuestro de su hijo.

El 21 de septiembre pasado los medios de comunicación señalaban que la autorización del gobierno para la mediación de Piedad Córdoba en la liberación de 24 militares y policías en manos de las Farc renovaba la esperanza de que serían liberados; frente al actual anuncio de la misma Piedad Córdoba guardan silencio e inexplicablemente han suprimido de sus páginas electrónicas la nota periodística, después del tibio anuncio que hicieron el día de la manifestación de la senadora liberal, como tampoco volvieron a hacer referencia al hecho cierto que esos medios publicaron de la petición que la señora Córdoba le hiciera a las Farc de mantener a Ingrid en cautiverio hasta el final del proceso para guardar la carta de presión internacional.

Y vale la pena traer a colación el cuento; si la Operación Jaque no se hubiere desarrollado, Ingrid estaría en la selva en manos de sus captores y Colombia tendría encima la presión francesa de recurrir a cualquier concesión para que las Farc la liberaran. En el peor escenario, Ingrid habría muerto ya amarrada a un árbol y su cadáver sería motivo de negociación de las Farc como lo es del Mayor Guevara de la Policía. Debe recordarse que el cadáver de este miembro de la Policía es otro de los retenidos gracias a los intereses politiqueros de los mediadores que han interferido en su liberación.

Es una afrenta nacional que el doctor Pardo, Director y Candidato del Partido Liberal, ex ministro de Defensa Nacional, no se haya pronunciado sobre el delito cometido por la miembro de su organización política y con ello desdice frente a los colombianos su verdadero compromiso con la seguridad patria, mucha más ahora cuando los vínculos Farc-movimiento bolivariano y quienes amenazan con la guerra contra Colombia no son una especulación mediática, sino realidades tangibles; lo único que le ha faltado a Colombia es con enviarnos Sukoi a bombardearnos si los amigos del proyecto socialista del siglo XXI no triunfan, porque ya se impartió la orden de mantener cautivos ilegalmente a los secuestrados para justificar resultados.