
El Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El Salvador (Movi-Tierra) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) condenaron hoy el "uso excesivo de la fuerza" de la Policía salvadoreña en el desalojo de unas 117 familias en el departamento oriental de La Unión.
Movi-Tierra condenó en un comunicado los "atropellos" y el "uso excesivo de la fuerza" con que la Policía, por orden de la jueza de Paz del municipio de Intipucá (La Unión), Ingrid Berríos, desalojó a unas 117 familias que "desde hace doce años" habían asentado sus viviendas en la llamada hacienda San Ramón.
El desalojo se llevó a cabo entre el lunes y el martes pasados, según la organización.
Agregó que fue un "procedimiento represivo, cruel e inhumano" el que se aplicó contra los habitantes de la comunidad Los Ranchos, cuando fueron desalojados forzosamente del lugar.
Destacó que este tipo de acción, 20 años después de la firma de los Acuerdos de Paz que dieron fin a 12 años de guerra civil (1980-1992) en este país, es "una grave preocupación para las organizaciones" que acompañan a los sectores sociales "más vulnerables y vulnerados" por no estar abonando un "clima de paz".
Según el documento, el desalojo se llevó a cabo en "medio de golpes, balas de goma y gas lacrimógeno" por parte de la Policía.
La orden judicial de desalojo únicamente era aplicable para 21 personas, pero fue ejecutado contra unas 117 familias, precisó.
Por su parte, el procurador de la PDDH, Óscar Luna, en declaraciones a medios locales, condenó el "atropello" cometido por la Policía contra la comunidad Los Ranchos, donde "más de 400" personas resultaron afectadas, precisó. El desalojo evidenció un "exceso" de atribuciones por parte de la jueza y de la Policía, enfatizó.
En el hecho, unos siete hombres fueron detenidos, hubo personas heridas por balas de goma, mientras que las casas y cultivos de los desalojados fueron destruidos, detalló el boletín.