El exsecretario ejecutivo de la CIDH Santiago Canton consideró este martes que la OEA ha actuado con "lentitud" frente a la crisis política en Paraguay y que debe seguir el ejemplo de Unasur y Mercosur y suspender al país del organismo hemisférico.
"Creo que Mercosur y Unasur tomaron la medida correcta, y esperemos que la OEA haga lo mismo, que también suspenda a Paraguay", aseguró Canton en una entrevista con un grupo de agencias tres días después de abandonar su cargo al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Organización de Estados Americanos (OEA), de la que depende la CIDH, ha enviado una misión especial a Paraguay para evaluar la situación en el país tras el juicio político con el que el Senado destituyó el pasado 22 de junio al presidente Fernando Lugo, e informar después al Consejo Permanente del organismo.
Canton subrayó que ese proceso fue "una parodia completa de un procedimiento justo", y criticó una respuesta de la OEA que, a su juicio, ha acentuado "la lentitud que de por sí tiene la actuación de un organismo hemisférico". "Si se mira la perspectiva histórica, este espacio era un espacio, mal o bien, de la OEA, y lo ocupó Unasur y Mercosur", señaló el que fue jefe de la CIDH durante once años.
El jurista argentino no cree que esa lentitud esconda una intención de algunos actores de debilitar a la OEA, sino que "hay un mecanismo subregional que está funcionando y por lo tanto le quita un espacio que históricamente tenía la OEA", en referencia a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
"Estas son muestras de que todavía tenemos democracias débiles", afirmó, en referencia al caso de Paraguay. "Se están buscando nuevas formas, más sutiles, más sofisticadas, de afectar a la democracia".
Aunque no lo comparó al caso de Paraguay, Canton señaló a la Ley Habilitante de Venezuela como una de esas "formas sutiles de afectar a la institucionalidad" en el continente.
La ley, que permite al presidente Hugo Chávez aprobar medidas sin consultar al Parlamento durante un periodo de 18 meses, fue "aprobada para resolver problemas de un desastre natural, pero con ella se modificó el código penal, el procesal y la ley del trabajo", indicó Canton, que trabaja ahora en el Centro Robert F. Kennedy (RFK) para la Justicia y los Derechos Humanos.
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