CONTRASTES
Se calienta la campaña electoral venezolana: ¿Escándalo o cortina de humo?
Archivo AFP
En vísperas de las próximas elecciones presidenciales del 7 de octubre, la campaña electoral venezolana se ve empañada por escándalos políticos de integrantes del oficialismo y de la oposición, al punto de crear alta tensión.
El partido del mandatario venezolano, Hugo Chávez, divulgó este jueves un video como prueba del supuesto soborno que aceptó un diputado miembro de la campaña del candidato presidencial opositor, Henrique Capriles Radonski, quien poco después anunció su expulsión.
Todo esto se presentó a pocas horas de que otro escándalo sacudiera al oficialismo. El exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Eladio Aponte Aponte, confesó que el presidente Hugo Chávez habría dado instrucciones para condenar a 30 años de cárcel a exfuncionarios policiales por los sucesos del 11 de abril de 2002, en un caso que "demuestra la persecución política usando el poder judicial".
Hoy le mostramos las dos caras de la moneda, para que usted decida si toda esta historia es realmente un escándalo o simplemente una cortina de humo. Decida usted si son parte de una campaña política de los mismos contendores o una estrategia del oficialismo en una actitud de “desespero”.
Los dos casos: Hechos
El diputado de la Asamblea Nacional Julio Chávez (PSUV, oficialista) difundió el jueves un video en el que se ve a Juan Carlos Caldera (Primero Justicia, el partido de Capriles), recibiendo dinero de una persona -cuya identidad fue reservada- y acordando presuntamente fondos mensuales para una "tarea" que no se revela.
Además, ambos interlocutores evalúan la posibilidad de un encuentro entre Capriles y el "jefe" del desconocido en el extranjero.
Julio Chávez anunció haber solicitado una investigación parlamentaria y acusó a la oposición de "violar la ley".
La reacción de Capriles fue inmediata y en un mensaje transmitido por la cadena privada Globovisión anunció la expulsión de Caldera, también candidato a la alcaldía del municipio Sucre, en Caracas.
"Queda excluido de la campaña política, queda excluido de este proyecto, queda excluido además como representante nuestro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE)", dijo.
Capriles aseguró además que el gobierno, "desesperado", está tratando de meterle "en su pantano de corrupción, de compras, de maletines", adonde "nunca" se acercará.
Más tarde, Caldera se defendió de las acusaciones y señaló en una rueda de prensa que fue objeto de un "montaje" para "manchar la candidatura" de Capriles.
El diputado opositor explicó que el desconocido del video es un representante del empresario Wilmer Ruperti -vinculado con el oficialismo-, que le dio 40.000 bolívares (unos 9.300 dólares) para financiar su candidatura como alcalde, aclarando que el dinero "no tiene nada que ver" con la campaña de Capriles.
"Yo no salto talanqueras (de bando), no me vendo, ni recibo sobornos", aclaró.
En Venezuela está prohibido desde 1999 el financiamiento público de los partidos políticos, que sólo pueden buscar recursos con donaciones privadas sin límites siempre que no sean anónimas y que se declaren y se justifiquen ante el CNE.
Confesiones del Juez Aponte
Mientras tanto, el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Eladio Aponte Aponte, hacía las siguientes confesiones:
"Es un deber inaplazable confesar ante ustedes que he cometido el pecado de haber transmitido a los jueces que los juzgaron, la orden de condenarles a 30 años de prisión a como diera lugar. Yo estaba cumpliendo instrucciones directas del presidente Hugo Chávez Frías, quien así me lo ordenó", aseguró .
Aponte, quien es ahora testigo protegido en EE.UU., hizo las revelaciones en una confesión notariada en Costa Rica en abril y divulgada el jueves en una conferencia de prensa en Miami por el abogado Carlos Ramírez López encargado de revisar casos de persecución política en la nación andina.
Declaraciones de Carlos Ramírez López
"Esta es la demostración fehaciente de la persecución política utilizando el poder judicial", dijo Ramírez quien esperó hasta hoy para dar a conocer el documento a petición expresa del exjuez.
Aponte, destituido por supuestos nexos con el narcotráfico, después de una estadía en Costa Rica viajó a EE.UU. tras mantener contactos con el Departamento Antidrogas de este país (DEA) y ahora es un "testigo protegido" de este país, según el letrado.
"El huyó de Venezuela por la persecución que desató el Gobierno en su contra al tener conflictos con ellos. Ya es testigo protegido en EE.UU. y entonces autorizó que se le diera curso a esta confesión", precisó.
Al ser preguntado si el exjuez estaría dispuesto a declarar también sobre las denuncias que formuló sobre la presunta participación de las Fuerzas Armadas y funcionarios en narcotráfico y otros hechos de supuesta corrupción, Ramírez afirmó que sí ha manifestado interés en prestar "todas las confesiones que sean necesarias".
"Hay una lista preelaborada de las víctimas de persecución política mediante tribunales y además de otros hechos en el campo de la corrupción. Hay nombres de personajes, hay una larga lista, y él está dispuesto a colaborar para ir suministrando progresivamente cartas y confesiones parecidas a la que ahora estamos dando", adelantó.
Ramírez informó que entregará la confesión divulgada el jueves a los familiares de los excomisarios Henry Vivas, Iván Simonovis y Lázaro Forero y de los expolicías Erasmo Bolívar, Luis Molina, Arube Pérez, Marco Hurtado y Héctor Rovaina, quienes "tengo entendido van a pedir la nulidad del juicio" acudiendo a instancias judiciales venezolanas e internacionales.
Exjefes policiales condenados
Los tres exjefes policiales recibieron la pena en el 2009 tras hallarles responsables de la muerte de algunas de las 19 personas que fallecieron en los sucesos del 11 de abril de 2002 que precedieron al breve golpe de Estado contra Chávez.
También fueron condenados a 30 años de prisión, dos de los exagentes y otros cuatro recibieron penas de entre 17 y 3 años de cárcel.
"No pretendo ser liberado de responsabilidades por lo que hice ya que nada lo justifica, solo quiero confesar para descansar un poco mi conciencia ya que estoy ahora sintiendo en carne propia lo que se siente al ser perseguido", aclaró Aponte.
En el documento, el exjuez detalla que ordenó a una colega expedir una orden de captura contra los exfuncionarios policiales aun cuando ella no tenía competencia en el caso y pidió a otra magistrada y a una fiscal que "hicieran todo para retrasar el juicio y así causarles (a los acusados) toda clase de penurias con los traslados".
"Y para que finalmente se produjera sentencia condenatoria a como diera lugar, sentencia que entregué en forma digital (...) y que estaba elaborada por uno de mis asistentes", agregó.
Reiteró que "la orden que expresamente me dio el presidente Chávez era 'salir de eso de inmediato sin más tardanza. Condénelos de una vez'".
Otros detalles de las confesiones de Aponte
En abril pasado, en una entrevista exclusiva con SOiTV, un canal de televisión por internet de Miami, Aponte afirmó que en su país "existen presos políticos. Hay gente que la orden es no soltarlos, principalmente los comisarios. La orden viene de la Presidencia para abajo, no nos caímos en duda. En Venezuela no se da puntada si no la aprueba el Presidente".
Aponte fue destituido de su cargo por la Asamblea Nacional de Venezuela, tras ser acusado de ayudar a Walid Makled, un empresario acusado de narcotráfico.
Luego de exponer las dos caras de la moneda, evalúe usted cómo se mueve la campaña política venezolana. La opinión pública se pregunta: ¿por qué los videos del presunto soborno a un diputado de la campaña de Capriles salen a la luz justo en un momento en que el juez Aponte confiesa las instrucciones de Chávez?
¿Cree usted que todo es una costosa estrategia de Cierre de campaña? o ¿son nuevos hechos de corrupción y compra de conciencia que azotan Venezuela?
Publicado el 14 Septiembre 2012
Fuentes: Redacción NTN24 - AFP- EFE
