Expertos aseguran que independientemente de lo que resuelva la Corte Suprema de EE.UU. sobre la ley SB1070 de Arizona, que criminaliza la inmigración ilegal, estas iniciativas son "experimentos fallidos" que acarrean consecuencias perjudiciales en diferentes estados del país.
La máxima instancia judicial del país celebró el miércoles una audiencia sobre este caso, en el que se dirime si es o no constitucional la ley SB1070, y se prevé que emita su dictamen hacia finales de junio.
Según Terry Burke, director ejecutivo en Texas de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), "independientemente de cuál termine siendo la decisión del Supremo, parece claro que estas leyes son un experimento fallido".
Burke se refirió a la ley HB56 de Alabama, considerada la más dura del país contra la inmigración ilegal y que, a su juicio, además de haber generado abusos a trabajadores y discriminación contra ciudadanos de origen hispano, ha resultado costosa para el estado.
La asesora y consejera política en Brownsville, Texas, Krystal Gómez, coincidió en que "hay un contragolpe económico en estados donde se han aprobado estas leyes" y se expresó preocupada por la posibilidad de que el máximo tribunal de EE.UU. apoye la ley de Arizona porque otros estados podrían intentar pasar legislaciones similares.
"Texas no puede permitirse una copia de esta ley", dijo.
Otros expertos se muestran preocupados
Por su parte, el profesor Geoffrey Hoffman, director de la Clínica de Leyes Migratorias del Centro de Leyes de la Universidad de Houston, manifestó especial preocupación por cuál será la posición del Supremo en cuanto a la Sección 5 de la ley de Arizona.
Esa sección criminaliza la sola solicitud de trabajo o realización de trabajo por parte de indocumentados dentro de los límites del estado, cuya violación es penalizada por hasta seis meses de cárcel y 2.500 dólares de multa.
Las leyes federales no consideran estas acciones como delitos, sino que penalizan a empleadores que contratan a indocumentados.
"El problema (legal de fondo) es realmente si está bien para los estados crear penalidades que pueden incluso no existir en el esquema federal", puntualizó Hoffman.
Organizaciones de negocios en Houston han indicado igualmente su preocupación de que leyes como la de Arizona provoquen un éxodo incontrolable de indocumentados y ciudadanos hacia estados aledaños.
En esto coinciden políticos como el congresista Raúl Grijalva, para quien la ley de Arizona no puede ser un "modelo" a seguir para Estados Unidos ya que en caso de ser implementada en su totalidad crearía una división social.
El representante demócrata por Arizona aseguró que si el Tribunal Supremo falla a favor del punto más controvertido de la legislación, que otorgaría facultad a las agencias del orden de cuestionar el estatus migratorio de las personas "sospechosas" de ser indocumentadas, ésta tendría un impacto a nivel nacional y otros estados podrían aplicar leyes similares.
Precisamente, la audiencia de ayer en el Supremo se centró en ese punto, al repasar las cuatro cláusulas que han sido bloqueadas por los tribunales de menor instancia.