La ONG Crisis Group advirtió este viernes que la desmovilización en diciembre pasado de una de las bandas criminales de Colombia fue un fracaso, porque seis meses después la mayoría de sus exintegrantes están libres y no hay garantías de penas por delitos atroces ni opciones de reinserción.
Esta organización dedicada al análisis de los conflictos armados en el mundo llega a esa conclusión en su informe "Desmantelando los Nuevos Grupos Armados Ilegales en Colombia", centrado en el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (ERPAC).
Un total de 272 integrantes del ERPAC, banda con fuerte presencia en los departamentos del Meta, Vichada y Guaviare (centro y sur de Colombia), se entregaron a la Justicia en diciembre de 2011, pero sólo fueron detenidos 19 de ellos, los únicos sobre los que pesaba una orden de captura.
"Éso obligó a recapturarlos uno por uno, una tarea ardua y aún incompleta", lo que, a juicio de Crisis Group, "causó una indignación pública comprensible".
Para la ONG, el caso del ERPAC revela la incapacidad de la Justicia colombiana para afrontar rendiciones o entregas masivas de miembros de las "bacrim", el acrónimo que usa el Gobierno de este país para denominar a las llamadas "bandas criminales", herederas de los paramilitares desmovilizados durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010).
Según el documento, el sometimiento del ERPAC "corre el riesgo de pasar a la historia como un fracaso".
Y es que a partir de aquella entrega masiva de hombres alzados en armas, "los líderes podrían ser condenados a penas de prisión cortas y las estructuras criminales y de corrupción subyacentes permanecerían intactas".
Crisis Group se refiere con estructuras "subyacentes" a las consecuencias de los vínculos de estos grupos criminales, dedicados al narcotráfico, con los políticos y las fuerzas de seguridad del Estado.