Grupos de opositores se enfrentaron este martes a la Policía delante de la Asamblea Nacional de Panamá, en unos incidentes originados por el debate de dos proyectos de ley polémicos y en los que al menos un diputado resultó con síntomas de asfixia.
A las puertas de la Asamblea, en el centro de la capital, grupos de sindicalistas y simpatizantes de la oposición quemaron neumáticos y se enfrentaron a empujones con la Policía Antidisturbios, que lanzó gases lacrimógenos contra los exaltados manifestantes.
Los incidentes incluyeron enfrentamientos entre agentes antidisturbios y diputados opositores, mientras que la tensión en el interior de la Asamblea llevó incluso a que se registraran gritos, empujones y amenazas de golpes entre legisladores de oposición y afectos al Gobierno del presidente panameño, Ricardo Martinelli.
La pretensión de la mayoría oficialista de aprobar una reforma legal para permitir la venta de acciones del Estado en las empresas telefónica y eléctrica, así como de ratificar a tres magistrados de una sala del Supremo designados por Martinelli, generaron las protestas.
La sesión legislativa, convocada de manera extraordinaria, ya había sido suspendida el lunes en medio de desórdenes provocados por el público presente en la sala, por lo que la Asamblea amaneció este martes rodeada de policías que impedían la estrada de espectadores.
Algunos diputados opositores denunciaron que fueron rociados con gas pimienta cuando forcejeaban con los policías, a los que criticaban por estar en la sede legislativa e impedir la entrada a grupos de simpatizantes opositores agolpados en la calle.
El diputado Rubén De León, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), presentó síntomas de asfixia tras ser rociado con gas pimienta, pero fue atendido por los servicios médicos del Parlamento y se incorporó a la discusión en el pleno.
El oficialismo anunció el lunes, tras la suspensión de la sesión después de que dos simpatizantes opositores irrumpieron intempestivamente en el hemiciclo, que tomaría medidas para "garantizar la seguridad" de los diputados y periodistas.
"No puede haber debate hoy (martes) (...) porque mientras quieren pasar (el oficialismo) la venta de las acciones (...) el pueblo panameño se está despertando", afirmó De León.
Oficialismo asegura que los desórdenes forman parte de un supuesto plan político de la oposición
El diputado opositor, lo mismo que sus correligionarios, exigió la suspensión de la sesión de este martes "hasta que se aclare quién ordenó" la presencia de la Policía en la sede legislativa, lo que, insistió, violó las norma de ese poder del Estado.
El oficialismo insistió este martes en que los desórdenes forman parte de un supuesto plan político de la oposición, y que no representan la opinión de la mayoría de los panameños.
El ministro panameño de Finanzas, Frank de Lima, dijo el lunes ante el pleno legislativo que el Gobierno quiere vender el 49 % de acciones que posee de la telefónica Cable & Wireless y que depositará cerca de la mitad de lo obtenido en el recién creado Fondo de Ahorro Panameño.
Cable & Wireless ingresó en el mercado panameño en 1997, al comprar por 652 millones de dólares el 49% de las acciones del entonces estatal Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Intel), mientras que el restante 2 % quedó en manos de los trabajadores.
El Gobierno también ha expresado su intención de vender el 49% de las acciones que tiene en las empresas eléctricas, entre ellas española Unión Fenosa, para invertirlo en proyectos nacionales.
La oposición rechaza esas ventas por considerar que el Gobierno de Martinelli está endeudando al país.
La mayoría oficialista también quiere ratificar en este período de sesiones extraordinarias la designación de los tres magistrados de la Sala V de la Corte Suprema de Justicia, creada durante el Gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1990-1994).
La reaparición de la Sala V es rechazada por la oposición porque, según sus dirigentes, permitirá a Martinelli "controlar" el Supremo al haber nombrado siete de los doce magistrados que la integrarán, algo que permite la ley.
Según la oposición, el gobernante podría utilizar esa situación para prepara su supuesta reelección inmediata, prohibida por la Constitución, o favorecer al candidato de su partido en las elecciones de 2014.