La disposición que autoriza a la policía de Arizona a pedir papeles a quienes parezcan indocumentados es "ridícula" y creará un clima de impunidad que fomentará la delincuencia, porque la población tendrá miedo de denunciar los crímenes, dijeron oficiales opuestos a la medida.
La nueva disposición, decidida esta semana, afectará la relación entre la comunidad y la policía, fomentará el crimen, atentará contra los derechos civiles y, en última instancia, resultará muy costosa, aseguró el jefe de la policía de Tucson (Arizona, oeste), Roberto Villaseñor.
"Es una ley mala. Nuestro mandato es proteger las vidas y las propiedades de todos, sin importar su estatus migratorio", dijo, afirmando que la policía local no puede ejercer el papel de un agente de migración.
Confundir ambos papeles "traba la comunicación entre nosotros y sectores de nuestra comunidad", explicó Villaseñor. "Si la gente no habla con nosotros, no nos reporta (los crímenes), entonces los delincuentes que abusan de esos sectores no tendrán miedo de actuar", estimó.
El 41,6% de la población de Tucson, que con su medio millón de habitantes es la segunda ciudad más grande de Arizona, es de origen latinoamericano.
La Corte Suprema decidió el lunes a favor del gobierno federal, que había acusado de inconstitucional la draconiana ley 1070 de Arizona (suroeste) que criminalizaba a los inmigrantes ilegales.
Pero mantuvo la disposición conocida como "Muéstrame tus papeles", que autoriza a la policía de Arizona a controlar el estatus migratorio de las personas en base a una "sospecha razonable" de que son indocumentadas.
¿Clima de impunidad?
Chris Burbank, jefe de la policía de Salt Lake City, la capital de Utah (oeste), teme que en su estado se replique pronto la ley de su vecina Arizona, porque la falta de comunicación entre la policía y la comunidad generará un clima de impunidad para los criminales.
Utah, así como otros cuatro estados del país, aprobó un paquete de leyes, similar al de Arizona, que fue suspendido por un juez estatal en espera de la decisión de la Corte Suprema del lunes pasado.
Con 30% de población hispana, si la Justicia de Utah decide levantar esta suspensión y seguir los pasos de Arizona, "potencialmente, un cuarto de la población desconfiará de la policía", dijo Burbank. "Así es como aumenta la delincuencia. Porque los criminales saben que nadie va a denunciarlos", agregó.
Además, la autorización a detener personas en base a una "sospecha razonable" de que son indocumentadas ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos en todo el país, que temen puede derivar en racismo.
¿Cómo evaluar si alguien es sospechoso de ser indocumentado si no es a través de su ropa, su color de piel, su acento?.
"No hay forma de definir 'sospecha razonable' en relación al estatus migratorio de nadie", respondió Villaseñor, porque la situación legal de una persona es un estado y no una actividad.
Una sospecha debe basarse en la acción de una persona, explicó, y no en su apariencia.
"Podemos repetir enunciados políticamente correctos y afirmar que esto (el racismo) no sucederá. Pero ¿cómo esperan que los policías investiguen un crimen que se centra en la nacionalidad de alguien y al mismo tiempo no tomen en cuenta el origen de esa persona?", se preguntó.
"Así es de ridícula la naturaleza de esta ley"
En el otro extremo, el alguacil Joe Arpaio, célebre en Arizona por sus duras medidas contra los ilegales, saludó la decisión de la Corte Suprema como una victoria, aunque "no cambia nada" porque ya la estaba implementando de todos modos: "Vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo", declaró a una canal de televisión local.
El 10 de mayo, el gobierno federal demandó a Arpaio, alguacil del condado de Maricopa (al que pertenece la capital, Phoenix), por discriminar a los latinos y violar sus derechos constitucionales.
Mientras tanto, la medida también implicará costos económicos. En Tucson, ejemplificó Villaseñor, se arrestan 36.000 personas al año sospechosas de ser inmigrantes ilegales.
Si ahora debe controlar el estatus migratorio de todas ellas, su oficina gastará más de 10 millones de dólares al año por mantener detenidos a los sospechosos mientras se verifican sus datos.
Eso sin contar el papeleo y las demandas -fundadas o no- que recibirán los policías por racismo y que tendrán que responder ante la Justicia.