La justicia frena el cierre de la misión anticorrupción de la ONU en Guatemala
La máxima instancia judicial de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC), suspendió este miércoles la orden del presidente Jimmy Morales de cerrar unilateralmente la misión anticorrupción de la ONU, que lo investiga por financiamiento ilegal electoral en 2015.
Desde el lunes, cuando el mandatario dio a conocer su decisión de terminar anticipadamente la misión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a la ONU, se desató una guerra judicial y crecieron las tensiones políticas en el país.
La CC dejó este miércoles sin efecto la decisión presidencial al otorgar un amparo provisional a ocho acciones promovidas por personas e instituciones para revertir el cierre de la Cicig, según la resolución divulgada a la prensa.
Al aceptar los recursos legales, quedó "en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala" relativo al establecimiento de la Cicig, indica el fallo.
El mandato de la misión se extendía hasta el 3 de setiembre de este año.
El gobierno respondió en un escueto comunicado en el que aclaró que hará un pronunciamiento oficial después de analizar la resolución.
La CC exhortó a las autoridades a instruir a los funcionarios de las dependencias a su cargo a que faciliten el funcionamiento de la Cicig.
"La notificación que se efectúe a los funcionarios públicos los obliga al cumplimiento de lo decidido en el fallo", sentenció la CC.
Convulsión
La decisión de Morales de poner fin al mandato de la Cicig ocurre luego de que el fin de semana el gobierno intentara impedir el ingreso al país del investigador colombiano Yinel Osorio, de la Cicig, finalmente admitido amparado por una orden de la justicia.
Grupos projusticia, humanitarios, académicos, indígenas y universitarios alzaron la voz y pidieron al mandatario revertir la medida.
En tanto, el gobernante recibió el apoyo de la poderosa cúpula empresarial, sectores conservadores y políticos de derecha.
Los juristas también están divididos sobre la posible ilegalidad de la decisión de acabar con el acuerdo Cicig: unos la consideran ajustada a derecho, otros sostienen que el gobierno desobedeció fallos de la CC, que avaló la presencia del organismo en el país.
El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo el lunes en una primera reacción al anuncio que la Cicig continuaría su mandato hasta el 3 de septiembre. Sin embargo, la misión activó el martes un plan de contingencia y pidió al personal internacional salir del país "hasta nuevo aviso" como medida de seguridad.
La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) calificó el fallo como "una victoria importante para el estado de derecho en Guatemala".
Decenas de personas se concentraron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en apoyo a los cuatro magistrados de la CC que suspendieron el cierre de la Cicig y antes de iniciar la actividad sacerdotes mayas realizaron una ceremonia típica de esa comunidad.
Los magistrados fueron acusados por la Procuraduría General de la Nación de cometer varios delitos en sus resoluciones y por ello busca que pierdan sus fueros y que sean investigados.
Según las leyes guatemaltecas, la CC es la máxima instancia legal en el país, al estar encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución.
Autoridades ancestrales y organizaciones indígenas, campesinas y estudiantiles, entre otras, llamaron a una movilización nacional el lunes 14 para manifestar el rechazo a las "acciones ilegales e ilegítimas, el rompimiento del estado de derecho, violaciones a la Constitución y las acciones que llevan al aislamiento internacional" cometidas por el gobierno, según se señala en la convocatoria.
Morales ha mostrado hostilidad hacia la Cicig desde principios de su mandato, en 2016, cuando el organismo abrió una investigación contra su hijo y su hermano por evasión fiscal y lavado de dinero.
La situación se agravó en 2017, cuando el presidente fue acusado de corrupción por el manejo de las finanzas de su partido durante la campaña presidencial que ganó en 2015.
Redacción NTN24- AFP
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