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Gobierno de Rio rompe contrato de concesión del Maracaná

Gobierno de Rio rompe contrato de concesión del Maracaná
El consorcio afirmó, de su lado, haber sido "sorprendido" por la información divulgada en la rueda de prensa, ya que, según la empresa, no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del estado de Rio de Janeiro

El gobierno de Rio de Janeiro anunció este lunes el fin del contrato de concesión del Maracaná con el consorcio dominado por Odebrecht debido a las deudas contraídas con el estado, que retomará temporalmente la gerencia del mítico estadio que acogerá la final de la Copa América en julio.

"Estamos retomando el Maracaná, sin cualquier perjuicio a los partidos de fútbol o a los clubes. En los próximos 30 días vamos a tener una intervención en el Maracaná, por medio de la secretaría y la Superintendencia de Deportes (Suderj), con una comisión que estoy constituyendo", afirmó el gobernador de Rio, Wilson Witzel, en rueda de prensa.

La deuda contraída por el Complejo Maracaná Entretenimiento, consorcio que ganó la licitación en 2013 para un plazo de 35 años, es de 38 millones de reales (unos 9,9 millones de dólares), según datos del gobierno del estado recogidos por la prensa local. 

Witzel aseguró, sin embargo, que ni los clubes como Flamengo o Fluminense, que usan el estadio para algunos partidos, ni la organización de la Copa América -que se celebrará en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio, con cinco encuentros en el Maracaná-, se verán afectados. 

Esta no es la primera vez que la gerencia del mítico estadio que acogió las finales de los Mundiales de 1950 y 2014, o las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos-2016, se sitúa en el centro de la polémica. 

El pasado septiembre, la justicia brasileña le retiró a la empresa concesionaria el derecho de explotación por irregularidades en el proceso licitatorio relacionadas con el tráfico de información privilegiada en la administración del por entonces gobernador Sergio Cabral, hoy preso por corrupción.

El Estado y la firma IMX-Holding/SA acordaron en 2013 el derecho a la explotación del estadio por 35 años. La empresa estaba entonces conformada por capitales del empresario Eike Batista (encarcelado también en 2017 por corrupción), la constructora Odebrecht (involucrada en el escándalo de corrupción político-empresarial 'Lava Jato') y la estadounidense AEG.

En su decisión, el juez comprobó también "la falta de necesidad" de obras en torno al estadio, ya que "no poseen relación con la viabilidad de la realización de la Copa del Mundo 2014 ni con los Juegos Olímpicos de 2016".

El mítico Maracaná tuvo una reforma cargada de polémica y llegó a estar abandonado durante meses luego de los Juegos de 2016, debido a un embrollo político-judicial que enfrentó al concesionario con el Comité Organizador.

El templo del fútbol brasileño es centro de una serie de acusaciones por sobrefacturaciones para su renovación, que costó 1.200 millones de reales (unos 510 millones de dólares al cambio promedio de 2014), casi el doble de lo pactado inicialmente.

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