Ejército de Chile asegura que militares vendieron armas a organizaciones narcotraficantes
El comandante en jefe del Ejército chileno, Ricardo Martínez, denunció ante unos 900 miembros de esa institución que oficiales y personal de tropa presuntamente han vendido armamento a grupos de narcotraficantes y delincuentes.
"Tenemos información de que hay oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero que lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos, de delincuentes. De eso estamos hablando", se lamentó Martínez en un audio secreto al que tuvo acceso el portal electrónico The Clinic y que se difundió este viernes en la redes sociales.
De acuerdo a la información, el jefe del Ejército chileno realizó esta denuncia el pasado martes en el Aula Magna de la Escuela Militar, delante de 900 miembros de la institución, entre oficiales y personal de tropa.
Martínez habló "sin eufemismos" de la corrupción castrense, de las divisiones internas e incluso de los inéditos lazos de algunos de los hombres bajo su mando con el crimen organizado.
Según The Clinic, sin saber que era grabado, el comandante en jefe del Ejército chileno recalcó también que la única forma de encarar la crisis era con un mando fuerte, sin más fracturas internas.
"Un ejército sin disciplina es una horda de gente muy peligrosa", aseguró ante sus subalternos, según destacó el audio.
Sin ahondar más en los lazos detectados con el crimen organizado, el general Martínez dijo que "los últimos siete meses para mí no han sido fáciles", y vienen "más casos por delante", consignó The Clinic.
Tras saberse de las declaraciones del jefe del Ejército, el ministro de Defensa, Alberto Espina lo citó temprano para este viernes para aclarar sus dichos relacionados con una eventual venta de armas al narcotráfico.
"Estas afirmaciones contienen hechos graves y frente a ellos lo que hemos resuelto es citar al comandante en jefe para que concurra a primera hora al Ministerio de Defensa y me informe en detalle el alcance y sentido de sus declaraciones en forma clara, precisa y contundente", señaló a la prensa el titular de Defensa.
Espina añadió que "vamos a tener esa reunión, vamos a esperar todas sus explicaciones. Toda la información que nos dé en detalle y una vez que tengamos esa información se seguirán las acciones y cursos que correspondan", aseveró.
La institución chilena se ha visto salpicada en los últimos años por varios casos de fraude en los que incluso ya se han dictado condenas por estos ilícitos.
Según un informe publicado en agosto del 2016 por radio Biobío, un grupo de militares chilenos defraudó en 5.480 millones de pesos (unos 8,6 millones de dólares) pertenecientes al Estado entre 2010 y 2014, durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).
Tras un juicio interno efectuado por la institución, se estableció que el fraude se realizó con dinero de la Ley Reservada del Cobre y se ordenó el retiro de seis miembros de la organización.
El coronel Clovis Montero, extesorero del Estado Mayor del Ejército; el cabo segundo Juan Carlos Cruz Valverde, la sargento segundo Millaray Simunovic Bustamante, el suboficial Claudio González Palominos, el sargento segundo Miguel Escobar Díaz, la sargento primero Luis Meléndez Carrillo, y la sargento segundo Liliana Villagrán Vásquez fueron retirados de la institución.
Otros siete oficiales fueron amonestados, mientras que los coroneles Ricardo Márquez y Mirko Maturana no fueron sancionados, ya que se retiraron antes del fin del juicio.
Esa misma fecha, la versión impresa semanal de The Clinic destapó el llamado "Milicogate", al revelar que existía una gran operación de desvíos de fondos públicos llevada a cabo por oficiales y miembros del Ejército chileno.
El semanario denunció entonces la desaparición de alrededor de 2.000 millones de pesos chilenos (unos 3,1 millones de dólares) de las arcas públicas a través de facturas falsas que también se amparaban en el secreto de la llamada Ley Reservada del Cobre.
Esta ley fue promulgada en 1958 y publicada en una edición restringida del Diario Oficial, debido a que se trata de una orden secreta cuyo objeto es destinar ingresos de las empresas mineras de cobre para la compra y mantenimiento de armamento para las Fuerzas Armadas de Chile.
El pasado 31 de agosto, la jueza Rommy Rutherford, dictó las dos primeras condenas por un fraude de los fondos de la Ley Reservada del Cobre en el Ejército chileno, que hasta ahora supera los 11 millones de dólares.
Colaboración EFE
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