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Gobierno toma medidas contra generales cuestionados en Colombia

07/09/2019 - 14:55

El gobierno de Iván Duque lidia en particular con la presión de Estados Unidos para frenar el avance histórico de los narcocultivos

COLOMBIA
Twitter: @GuillermoBotero

El gobierno de Colombia separó del cargo este martes a un general por presunta corrupción y facilitará la investigación de otros dos, incluido un jefe de contrainteligencia que ofreció dinero dentro del ejército para conocer el origen de una filtración a la prensa.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció las primeras medidas contra altos oficiales en el marco de un escándalo que comenzó a destapar la prensa internacional en mayo, según la AFP. 

Fuentes militares le revelaron entonces a The New York Times la existencia de una instrucción a las tropas en combate que ponía en potencial riesgo a los civiles, y que luego fue modificada por la presión mediática. 

"Mantenemos el compromiso de cero tolerancias con cualquier actuación de la fuerza pública que sea contraria a la Constitución (...), a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario", dijo el ministro. 

A raíz del escándalo por la polémica directiva se han conocido otros casos que también cuestionan al alto mando, por lo que el gobierno apartó de la carrera militar al general Jorge Romero, y respaldó investigaciones en curso contra los también generales Adelmo Fajardo -subcomandante del ejército- y Eduardo Quiroz, de contrainteligencia. 

Quiroz habría ofrecido el equivalente a 31.000 dólares y hasta "seis meses de permiso" por información sobre las fuentes que hablaron con la prensa acerca de la instrucción a las tropas, según divulgó la revista Semana. 

Entretanto, Romero está involucrado en el supuesto cobro de sobornos por permisos para el porte de armas, mientras Fajardo deberá responder por el desvío de dinero del ejército con fines personales.

"Aquí no hay ninguna crisis institucional. El ejército nacional continua monolíticamente unido. Hay eventualmente unas personas que han transgredido la ley y contra ellas se tomarán todas las medidas bien administrativas, disciplinarias cuando corresponda o las denuncias penales pertinentes", añadió Botero.

Terminado el conflicto con las FARC tras el acuerdo de paz de 2016, que puso fin a más de medio siglo de lucha armada de esa guerrilla, Colombia enfrenta a otras organizaciones alzadas en armas o aliadas del narcotráfico, que le impiden pasar la página del conflicto armado. 

Con casi un año en el poder, el gobierno de Iván Duque lidia en particular con la presión de Estados Unidos para frenar el avance histórico de los narcocultivos, mientras intenta acabar con una campaña de asesinatos selectivos contra líderes de derechos humanos y excombatientes de las FARC.

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