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FARC

La JEP propuso ocho años de sanciones sin pisar cárcel para exlíderes de las Farc

Los siete dirigentes de la extinta guerrilla aceptaron que hombres que estaban bajo su mando cometieron cerca de 21.396 secuestros.

Polémica en Colombia por la primera resolución de conclusiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que se propone ocho años de "sanciones propias", sin pisar cárcel, para los exlíderes de la extinta guerrilla de las Farc por los más de 21.000 secuestros que realizaron durante el conflicto armado. 

En el documento de 218 páginas se plantea que los siete máximo dirigentes de las FARC: Rodrigo Londoño (Timochenko); Jaime Alberto Parra (Mauricio Jaramillo), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda paguen con actividades de reparación simbólica. 

Las actividades que propone la JEP podrían ser: trabajos en proyectos de desminado, búsqueda de personas desaparecidas, elaboración de un libro con relatos de historias de vida y la construcción de un monumento en memoria de las personas secuestradas. 

La propuesta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ahora pasará a otra sección del Tribunal de Paz para que sea evaluada. 

La resolución reconoció que cada uno de los miembros del secretariado aportaron verdad durante el proceso que llevó esa justicia y participaron en la entrega voluntaria de testimonios, así como también aceptaron la responsabilidad en los hechos. 

El escrito asegura que “la Sala encuentra necesario señalar que los exmiembros de las FARC-EP comparecientes en el macrocaso No. 01 han realizado reconocimientos de verdad y de responsabilidad de manera colectiva a lo largo del proceso”. 

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Los siete dirigentes de la extinta guerrilla aceptaron que hombres que estaban bajo su mando cometieron cerca de 21.396 secuestros, los cuales sucedieron bajo tres patrones: control social, financiamiento de sus operaciones a través de pagos rescate y la privación de la libertad de varios uniformados, políticos y funcionarios para el intercambio de guerrilleros que estaban presos.

La JEP también afirmó que no solo hicieron reconocimiento individual de los hechos cometidos sino que hubo aceptación de los sucesos realizados de manera colectiva ya que según la Jurisdicción Especial para la Paz, es algo que no se puede excluir porque limitaría la capacidad de “esta jurisdicción de ofrecer verdad a las víctimas y a la sociedad de hechos que, al ser cometidos por una organización militar, necesariamente se cometieron de manera colectiva y ejerciendo el mando sobre la organización armada”. 

Por su parte, víctimas de las FARC aseguran no estar de acuerdo con la propuesta pues el beneficio que se le está dando a los dirigentes de la extinta guerrilla solo hará que tras la culminación de la sentencia de los ocho años “empezará Estados Unidos a pedirlos a extradición, y otra vez se nos llevan la verdad”. 


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