¿Justicia o persecución política en Perú contra Keiko Fujimori?
Con la detención preventiva de Keiko Fujimori, Perú vive otro capítulo en su larga historia de escándalos de corrupción. La exsenadora, excandidata presidencial y líder opositora deberá permanecer en prisión durante 36 meses mientras es investigada por la justicia por el presunto delito de lavado de activos durante la campaña presidencial de 2011.
El juez Richard Concepción admitió la solicitud del Ministerio Público de dictarle medida privativa de libertad y le aplicó el lapso mayor establecido por las leyes peruanas, alegando que existía peligro de fuga. Sin embargo, Keiko Fujimori ha insistido que no tenía intenciones de seguir los pasos de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien abandonó el país el 13 de noviembre de 2000, en medio de otro vendaval político que sacudía a Perú por escándalos de corrupción.
Keiko Fujimori, quien asumido el liderazgo de la oposición peruana, es investigada por presuntamente haber recibido aportes irregulares de la constructora brasilera Odebrecht para el financiamiento de su campaña en 2011 y por la presunta existencia de una organización criminal creada al interior de su partido, Fuerza Popular.
De acuerdo con la decisión del juez, la excandidata presidencial pagará prisión preventiva hasta el 30 octubre del año 2021, lo que le impediría presentar su candidatura para las elecciones previstas para ese año. La defensa apeló la decisión y calificó la medida como una persecución política. En caso de ser declara culpable de los delitos que se le imputan, Keiko Fujimori podría enfrentar una pena de 10 a 13 años de cárcel.
Redacción Zoom a la Noticia
