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Violaciones a los derechos humanos en Venezuela

Bachelet insta a liberar a presos políticos y alerta sobre aumento de la migración venezolana

Bachelet insta a liberar a presos políticos y alerta sobre aumento de la migración venezolana
Bachelet asegura que siguen documentando alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales

La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, actualizó el informe sobre la crisis en Venezuela donde evidencia el deterioro económico del país, fallas en los servicios públicos, vulneraciones a las libertades civiles y aumento de la migración. 

Bachelet insta a las autoridades a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a militares, y a que se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens. 

“Insto al poder judicial a garantizar el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad”.

El texto detalla que el salario mínimo sólo cubre actualmente el 3.5 % de la canasta básica alimentaria y destaca que "tan sólo una minoría de la población con acceso a divisas puede cubrir regularmente los altos precios de los alimentos debido a la hiperinflación y la dolarización de facto de la economía".

Asimismo, subraya la crisis en el Zulia ante las constantes fallas en el servicio eléctrico y la escasez de gasolina. " Los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados". 

“Mi Oficina realizó una visita a Maracaibo en la que constató las larguísimas colas para comprar combustible y los cortes prolongados y reiterados de electricidad, que además afectan el suministro de agua. Los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados, principalmente por falta de personal, infraestructura deficiente y falta de insumos. Millares de zulianos migraron al extranjero o a la capital del país”.

En el informe, Bachelet califica de preocupante el riesgo que enfrentan los niños y adolescentes en el país debido a las deplorables condiciones del sistema de salud público. El documento hace referencia a la muerte de cuatro niños en el Hospital JM de los Ríos en el mes de noviembre, así como también la situación crítica de 15 niños que necesitan trasplante de riñón. 

“11.9% de los niños y niñas muestran señales de malnutrición aguda (alza de 56% respecto a 2018), 32.6% tienen retardo en el crecimiento, y 48.5% de las mujeres embarazadas tienen deficiencias nutricionales, indica el informe citando cifras de Cáritas. 

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Bachelet asegura que siguen documentando alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales, principalmente en contra de jóvenes varones en barrios marginales. 

“Desde agosto de 2017 a la fecha, 770 funcionarios han sido acusados por violaciones a los derechos humanos, de los cuales 509 han sido imputados, 393 privados de libertad y 131 condenados”.

Reiteró su preocupación por los niveles de violencia que en los últimos meses también ha impactado en líderes políticos locales, como lo ilustran los asesinatos del ex concejal opositor Edmundo “Pipo” Rada Angulo y del ex gobernador oficialista Johny Yáñez Rangel.

La Alta Comisionada reiteró su denuncia sobre los actos de intimidación contra varios periodistas registrados previo a las manifestaciones del 16 de noviembre y asegura que han seguido documentando actos y casos de restricción de libertades públicas, limitando el espacio cívico-democrático, hostigamiento, amenazas y detenciones por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. 

Sobre la situación en el estado Bolívar, señala "los altos niveles de violencia y la presencia de grupos armados irregulares, involucrados en la explotación ilegal de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco".

Expresó preocupación por el incremento de la migración irregular debido a los mayores requisitos de ingreso a algunos países, y por las dificultades para obtener pasaportes.

“Recientemente, las autoridades venezolanas incrementaron en un 70% los costos para expedir pasaportes, un costo equivalente a 54 salarios mínimos. Ha crecido la utilización de rutas más peligrosas y la exposición al tráfico y trata de personas”.


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