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Ejecuciones extrajudiciales

CIDH condenó ejecuciones extrajudiciales contra jóvenes en situación de pobreza en Venezuela

FAES / Cortesía
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La CIDH recuerda que, en casos relacionados con ejecuciones, el Estado tiene el deber de iniciar automáticamente y sin dilación, una investigación seria

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes en situación de pobreza en Venezuela e hizo un llamado al régimen de Nicolás Maduro a observar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, así como a investigar, juzgar y sancionar la práctica sistemática de esta grave violación de derechos humanos.

De acuerdo a información pública, en los primeros quince días del 2022, agentes de seguridad del Estado estuvieron involucrados en al menos 27 asesinatos, – patrones y números que coinciden con los registrados por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y la Organización de Estados Americanos.

En estos casos, ocurridos en el marco de operativos de seguridad ciudadana, el 80 % de las víctimas tenían menos de 25 años, 99 % eran hombres en situación de pobreza y en un 80 % de los casos hubo algún tipo de amenaza o intimidación contra los denunciantes.

La CIDH observa que estas muertes podrían configurar ejecuciones extrajudiciales, conforme a estándares interamericanos. Adicionalmente, la instancia mostró su preocupación ante el alto registro de muertes como consecuencia de una supuesta "resistencia a la autoridad". 

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Al respecto, la CIDH resalta que los Estados no pueden permitir que agentes de seguridad fomenten prácticas que reproduzcan el estigma de que jóvenes en situación de pobreza están necesariamente vinculados a la delincuencia.

Por último, la CIDH recuerda que, en casos relacionados con ejecuciones, el Estado tiene el deber de iniciar automáticamente y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva.

En esta misma línea, la investigación debe ser realizada a través de todos los medios legales disponibles para la determinación de la verdad y el enjuiciamiento y sanción de todos los responsables materiales e intelectuales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

COMUNICADO

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