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Álvaro Uribe

"No hay ni una sola prueba contra el expresidente Álvaro Uribe": Jaime Lombana, abogado defensor tras llamado a juicio

El martes 9 de abril el fiscal delegado ante la corte Suprema de Justicia Gilberto Villareal radicó el escrito de acusación contra el exmandatario colombiano como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.

La decisión de la Fiscalía General de la Nación en Colombia de llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe según la misma comunicación emitida por el ente es adoptada luego de dos solicitudes de preclusión de fiscales diferentes “que resultaron desestimadas” por los juzgados penales competentes.

Aunque el ente acusador resalta que se garantizará el derecho al debido proceso, diversos sectores políticos cuestionan la medida determinada durante la administración de la nueva fiscal Luz Adriana Camargo, ternada por el presidente Gustavo Petro y cercana al ministro de defensa Iván Velásquez, quien según el acusado Álvaro Uribe ha tenido una profunda animadversión contra él y su familia.

En entrevista con el programa ‘La Noche’ Jaime Lombana, abogado defensor del jefe de Estado de Colombia entre 2002 y 2010, insistió en que no existe ni una sola prueba en contra de su cliente.

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Reconocemos que la Fiscalía es el titular constitucional único de la acción penal y nuestra obligación es defender el derecho a estas actuaciones y demostrar la plena inocencia del doctor Álvaro Uribe Vélez”, afirmó.

Al mismo tiempo recalcó que no existe prueba alguna que comprometa la posible responsabilidad del expresidente Uribe.

El exviceministro de Justicia Rafael Nieto asegura que la decisión tomada por la Fiscalía genera suspicacia porque la misma institución, en dos ocasiones distintas, pidió la preclusión y “con la llegada de una nueva fiscal general ternada por Petro, lo que hace es cambiar su posición y acusar al presidente Uribe”.

El abogado colombiano y columnista incluso enfatizó en que la Corte Suprema actuó, en su opinión, de manera politizada.

“Hay una politización del Sistema Administrativo de Justicia en este caso, pero que además responde a un hecho, que hay una judicialización de la política”, expresó.


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