Instituto Casla le pide a la CPI emitir órdenes de captura contra responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela
La Organización de los Estados Americanos (OEA) acoge este jueves la presentación del Informe Anual del Instituto CASLA sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Bajo el título “Venezuela bajo asedio. Represión Estatal y Crimen Organizado Trasnacional: convergencia estructural y responsabilidad por crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela”, el documento recoge las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro.
En la presentación del informe participan el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suju.
“Los crímenes en Venezuela han sido utilizados de forma transversal como herramienta de control político y social ejecutándolos dentro y fuera del país”, indicó Suju.
Pese a las denuncias, testimonios y procesos judiciales iniciados internacionalmente por crímenes de lesa humanidad, la tortura de opositores al régimen de Nicolás Maduro sigue vigente como método represivo en Venezuela, así lo determinó el Instituto Casla.
Ante ello, solicita a la Corte Penal Internacional actuar con urgencia, acelerar la investigación y emitir órdenes de arresto contra los máximos responsables, incluso si ocupan cargos de poder.
“Se necesita una respuesta coordinada, sostenida y multilateral, en la que converjan mecanismos internacionales de justicia, presión diplomática, acción regional conjunta, respaldo a las víctimas y a quienes defienden los derechos humanos", indica.
“Además, debería considerar que estos crímenes no se limitan a una frontera nacional, sino que implican colaboración entre regímenes autoritarios (Venezuela, Cuba, y posiblemente Irán o Rusia en asesoría militar), lo que los convierte en una amenaza regional”, agrega.
Asimismo, destaca la importancia de un programa de protección internacional efectivo, debido a que muchas víctimas, abogados, defensores y activistas de derechos humanos viven bajo amenaza permanente.
“Consideramos que, bajo el principio de complementariedad, la CPI podría apoyar o estimular procesos penales locales, como los que se llevan a cabo en Argentina o Chile, contra responsables venezolanos que residan o transiten por distintos países donde la CPI tiene jurisdicción”, afirman.
