Fiscal venezolano confirma la detención de defensor de derechos humanos y lo acusa de querer "sabotear" las elecciones
En horas de la tarde de este martes 13 de mayo, el Fiscal general del régimen, Tarek William Saab, admitió la detención del abogado de la organización de derechos humanos Provea, Eduardo Torres.
Torres había sido reportado por sus familiares y la propia ONG como desaparecido desde la tarde del pasado viernes.
Sus compañeros visitaron distintos centros de detención sin obtener respuesta, como suelen hacerlo con todos los detenidos por razones políticas.
Fue este martes cuando, luego de las distintas denuncias, Saab rechazó que se trate de un caso de desaparición forzada y lo acusó de integrar supuestos planes para desestabilizar los comicios de gobernadores y diputados el próximo domingo 25 de mayo.
Óscar Murillo, coordinador general de Provea, había encabezado las distintas actividades denunciando la situación de su compañero.
La denuncia de Murillo la tomó el fiscal como un "ataque a las actuaciones del sistema justicia venezolano en contra de los grupos desestabilizadores y contrarios a la paz".
Dijo que Torres "ha sido detenido por su vinculación con una trama conspirativa para generar violencia durante las elecciones programadas para el 25 de mayo, a través de una estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana, financiada por agentes extranjeros, usaba talleres de formación como fachada para organizar focos de violencia llamando a la destrucción de los centros electorales y propagando mensajes de odio y aniquilación hacia las autoridades del Estado legítimamente constituidas".
Dijo que los mensajes "eran difundidos además por este ciudadano, de forma pública a través de redes sociales. En dicha causa hay varias personas involucradas que ya han sido identificadas y se encuentran solicitadas por los tribunales competentes".
Delitos que le imputan
El jefe del Ministerio Público dijo que fue presentado "conforme lo establecen los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa y se le decretó medida privada de libertad por los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación" para delinquir.
Además evalúa las "acusaciones temerarias realizadas por Murillo, que son utilizadas en el exterior para agredir a la Constitución y al pueblo venezolano".
