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AI denuncia "criminalización" de operadores de justicia en Guatemala

Foto referencial / Cortesía
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Al menos 15 operadores de justicia entre fiscales y jueces han salido al exilio en los últimos dos años, aunque la cifra ha ascendido en los últimos dos meses

La organización humanitaria Amnistía Internacional aseguró este lunes en su informe anual que en Guatemala se utiliza "cada vez más" una "estrategia" de "criminalización" en contra de todos aquellos que luchan por la justicia en el país centroamericano.

El documento elaborado por Amnistía Internacional subrayó que en julio de 2021 Guatemala sufrió la salida del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval del Ministerio Público (MP, Fiscalía), por decisión de la jefa de la entidad, Consuelo Porras, quien posteriormente fue sancionada por Estados Unidos en septiembre de 2021 por "obstruir la justicia".

"Las personas que trabajaban en la administración de justicia y ocupaban cargos claves en la lucha contra la impunidad en casos de corrupción y violaciones graves de derechos humanos fueron destituidas o se les impidió ocupar sus cargos", resaltó el informe de Amnistía Internacional sobre Guatemala.

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"La criminalización se utilizó cada vez más como estrategia para intimidar a quienes trabajaban en la administración de justicia", añadió la entidad.

De acuerdo a diversas fuentes, al menos 15 operadores de justicia entre fiscales y jueces han salido al exilio en los últimos dos años, aunque la cifra ha ascendido rápidamente en los últimos dos meses.

Uno de los que tuvo que salir al extranjero es precisamente es Sandoval, quien entre 2014 y 2018 emprendió una histórica lucha anticorrupción en Guatemala de la mano de la fiscal general, Thelma Aldana, también exiliada.

Ambos procesaron con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicif) a más de 200 funcionarios entre ministros, diputados, presidentes y expresidentes, además de miembros de la élite empresarial del país centroamericano.

Los operadores de justicia como fiscales o jueces independientes han soportado "amenazas, persecución penal y campañas difamatorias" por su búsqueda de justicia, explicó el informe anual de Amnistía Internacional.

El documento recordó también que en octubre pasado la fiscal general, Consuelo Porras, ubicó en otro puesto a la jefa de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, Hilda Pineda, quien "había ayudado a poner al expresidente militar Efraín Ríos Montt a disposición de la justicia".

- Sobre la pandemia - 

La organización humanitaria resaltó de igual forma la problemática del país centroamericano con respecto a la epidemia del SARS-CoV-2.

"Guatemala presenta el menor porcentaje de personas con la pauta completa de vacunación contra la covid-19 en América Latina en un contexto de denuncias de corrupción", apostilló el informe.

Según cifras oficiales, un total de 5,9 millones de personas se han vacunado contra la covid-19 de las 18 millones que habitan el territorio guatemalteco.

Además, la nación que preside Alejandro Giammattei es la que más fallecidos por la pandemia contabiliza en Centroamérica, con 17.289 muertes a causa del coronavirus.

INFORMACIÓN EFE

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