Chavismo carga contra el alto comisionado Volker Türk y debatirá declararlo "persona non grata"
Ante el reciente informe sobre Venezuela presentado por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk, líderes del chavismo cargaron en su contra y lo señalaron de supuestamente responder a intereses extranjeros.
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El jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que este martes debatirán declarar persona non grata al funcionario de la ONU.
"Nosotros vamos a proponer declarar persona non grata al tal Volker Türk ese, que no hace nada por los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas secuestrados en El Salvador o de nuestros 18 niños que están, en este momento, retenidos en los Estados Unidos", anunció.
Asimismo, Rodríguez expresó que la intensión de retirar de Venezuela la oficina de la Comisión Derechos Humanos de la ONU.
Más temprano, el fiscal general, Tarek William Saab, acusó al organismo internacional de servir como "bufete privado de terroristas y mercenarios nacionales y extranjeros, procesados por intentar bañar de sangre a Venezuela mediante planes de magnicidio, asesinatos selectivos, sabotajes y conspiraciones armadas".
Nicolás Maduro secundó la declaración y reiteró su acusación contra Volker, a quien tilda de responder intereses de Estados Unidos.
"El fiscal está dando en el punto, en el clavo, porque ha venido denunciando la degradación absoluta de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (...). Ha sido totalmente secuestrada, maniatada, politizada, parcializada por el señor Volker Türk, que responde a los intereses de Washington y de las élites europeas contra los pueblos del sur global", aseguró.
No es la primera vez que el régimen de Maduro carga contra la oficina del Acnudh, entre febrero y diciembre de 2024 suspendieron su actividad alegando acciones injerencistas y sesgos en su labor.
El pasado viernes 27 de junio de 2025 fue actualizado el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que evalúa la situación en Venezuela.
Según la actualización oral del informe, se mantiene el patrón de detenciones, el uso de leyes como la Ley del Odio y la Ley contra las ONG para detener a ciudadanos, torturas a detenidos políticos y civiles, aislamientos, pérdida de libertad de asociación.
Se documentaron detenciones arbitrarias, 84 casos de desapariciones forzadas y 32 casos de tortura o malos tratos, perpetrados por servicios de inteligencia y militares, especialmente tras las elecciones. La gestión de centros de detención pasó a servicios de inteligencia, un retroceso alarmante.
También dentro de este informe se determinó cada uno de los obstáculos a los que enfrentan los venezolanos para acceder a servicios públicos, salud y otros. Reseña la inflación y las políticas económicas erradas, que han empobrecido aún más a la población.
