The Washington Post: Despedidos funcionarios de Inteligencia que aseguraron no encontrar vínculos entre Maduro y el Tren de Aragua
El presidente interino del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Michael Collins y su adjunta Maria Langan-Riekhof, habrían sido despedidos tras la emisión de una evaluación que contradecía la versión del presidente Donald Trump que vincula a la banda criminal el Tren de Aragua con Nicolás Maduro, para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros y deportar a supuestos miembros de la pandilla sin ser sometidos a juicio.
Según el reporte publicado por el diario estadounidense The Washington Post, la directora de Inteligencia Nacional (NIC), Tulsi Gabbard, habría sido la encargada de ejecutar el despido.
Este organismo se encarga analizar información clasificada y proporcionar evaluaciones secretas al presidente y a otros altos responsables políticos. Sin embargo, un informe de la NIC difundido a principios de mayo por The New York Times, señala que Nicolás Maduro "no dirige" las actividades del Tren de Aragua, tal como lo afirma Trump.
"Aunque el entorno permisivo de Venezuela permite operar al Tren de Aragua, es probable que el Gobierno de Maduro no tenga una política de cooperación con el TDA y no esté dirigiendo el movimiento y las operaciones", señala el memorando.
Este miércoles una jueza federal de Estados Unidos dictaminó que la administración de Trump puede usar una ley de tiempos de guerra para expulsar a un presunto pandillero venezolano, el último giro en el conflicto legal sobre deportaciones.
La jueza Stephanie Haines, nombrada por Trump, concluyó que este caso "cumple con" la Ley de enemigos extranjeros de 1798 (AEA, por sus siglas en inglés), pero dijo que las autoridades deben "proporcionar mayor notificación a aquellos sujetos a remoción".
El presidente republicano invocó en marzo esa ley, usada entonces por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para enviar a individuos a los que acusa de ser miembros de la banda venezolana Tren de Aragua a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Pero la Corte Suprema y varios tribunales inferiores alegaron falta del debido proceso y suspendieron temporalmente las deportaciones bajo la AEA.
