Provea dice que se mantiene la desaparición forzada de Eduardo Torres mientras el fiscal venezolano omita detalles del caso
La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), condenó la criminalización y detención arbitraria contra activistas en Venezuela.
Provea reitera que contra Eduardo Torres hay una desaparición forzada, y que a pesar de la confirmación de su detención por parte del fiscal Tarek William Saab, aún desconocen el centro de reclusión, además su familiares y defensa no han tenido acceso a él tras casi 100 horas bajo custodia del Estado.
"El fiscal no dio información sobre la fecha, hora, lugar ni cuerpo de seguridad que ejecutó la detención de Eduardo Torres. Tampoco informó sobre la existencia de alguna orden de aprehensión, menos aún, sobre la Fiscalía que estaría a cargo de la investigación ni el lugar de detención", expresa el comunicado de la organización.
Destaca que desde el pasado viernes 9 de mayo los familiares, activistas de Provea y abogados recorrieron diversas sedes de cuerpos de seguridad, sin tener respuesta sobre su paradero.
"La respuesta de los funcionarios policiales y/o militares fue negar su reclusión en estos sitios, lo cual fue difundido en las redes de PROVEA y amplificado por medios de comunicación nacional e internacional".
"Si cursaba una investigación contra Torres, la omisión de información a sus familiares sobre la detención y el paradero del abogado constituyó una abierta aceptación de la comisión del delito de desaparición forzada".
Torres es abogado y miembro de Provea desde 2019. Según sus familiares, fue visto por última vez el viernes 9 de mayo en una zona central de Caracas, donde tenía previsto asistir a una reunión.
Apenas este martes Saab informó que Torres fue "detenido por su vinculación con una trama conspirativa para generar violencia durante las elecciones programadas para el 25 de mayo".
"Fue presentado conforme lo establecen los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa y se le decretó medida privada de libertad por los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación", indicó Saab en una nota de prensa.
Estos cargos pueden acarrear una sentencia de 30 años, la pena máxima en Venezuela.
Según sus familiares y compañeros de trabajo, el activista recibió "amenazas" por parte de cuerpos de seguridad del Estado en varias ocasiones.
Provea presentó el lunes un recurso de amparo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin que hasta el momento haya obtenido respuesta.
