Parlamento Europeo aprobó añadir a Venezuela en la lista de países de alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El Parlamento Europeo aprobó incluir a Venezuela en la lista de países y territorios que la Unión Europea (UE) al considerarla como de "alto riesgo para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo".
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El órgano legislativo respaldó el miércoles 9 de julio las modificaciones a la lista luego de que la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, planteara la actualización de la lista el pasado 10 de junio.
"El Parlamento decidió no plantear objeciones a una propuesta de la Comisión sobre la actualización de la lista de la UE de terceros países y territorios de alto riesgo con deficiencias en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", indicó la institución.
Así las cosas, el país sudamericano que vive bajo yugo del régimen de Nicolás Maduro se suma al listado junto a otros nueve países entre los que están Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal.
El mes pasado, la comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, había indicado que la identificación de dichos territorios "de alto riesgo" se traduce como "una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE".
En ese entonces, el régimen de Venezuela consideró "ridícula" la lista y señaló que lo que "representa un verdadero riesgo es la incapacidad de la propia UE para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad".
Por otro lado, cabe mencionar que de la lista fueron removidos otros ocho países, contando a Panamá, Jamaica y Barbados.
Ante esto, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reaccionó a través de sus redes sociales: "Es un reconocimiento al trabajo serio que estamos haciendo como país".
El país centroamericano ha sido señalado en múltiples ocasiones de ser un paraíso fiscal. Para 2016 fue epicentro del escándalo internacional conocido como los "Panama papers", lo que llevó a las autoridades a realizar reformas legales.
