Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

El próximo gobierno colombiano se posesiona el 7 de agosto en la peor combinación externa posible. En julio, Washington incluyó a Colombia entre los 18 países del hemisferio a los que impuso nuevos aranceles por no combatir suficientemente el trabajo forzado en sus cadenas de suministro, con tasas de entre 10% y 12,5%, en la misma lista que Venezuela y Nicaragua. La arquitectura multilateral que se supone ancla el financiamiento climático está retrocediendo bajo presión estadounidense y europea. Y el mapa emergente del capital climático global, que hoy pasa por Seúl, Riad, Pretoria, Hong Kong y Bruselas, se está institucionalizando sin ninguna capital latinoamericana. Cualquiera que sea el color político del gabinete que se posesiona, esa combinación tiene una implicación fiscal directa: Colombia necesita, con urgencia, fuentes de divisas duras que no dependan de la Casa Blanca. El financiamiento climático es una de las pocas disponibles a la escala requerida.

El programa entrante ya nombra el marco. La Agenda ABC, Agua, Biodiversidad y Comunidades, habla explícitamente del Artículo 6 del Acuerdo de París, de los canjes de deuda por naturaleza, de los mercados de carbono como instrumento de desarrollo y de la preparación frente al mecanismo europeo de ajuste en frontera. Es un buen documento; lo he dicho antes en esta columna. Pero un documento no es una ventanilla. Y lo que decide si Colombia se convierte en una economía autorizada dentro del sistema climático emergente no es la ambición del programa: es lo que el nuevo gobierno firme en su primer mes.

No es una agenda política. Es plomería institucional. Y es exactamente el tipo de trabajo que suele quedar aplazado en las primeras semanas de una administración nueva, mientras el gabinete se acomoda y atiende las prioridades más visibles. Desde donde lo veo, cuatro decisiones concretas deben estar firmadas antes del 15 de septiembre. Sin ellas, el resto del programa ambiental queda en literatura.

Primero: convertir la Autoridad Nacional Designada de Colombia en una ventanilla operativa. En la reciente transición del régimen anterior hacia el mecanismo del Artículo 6.4, cerca del 87% de los créditos globales que aspiraban a pasar quedaron varados. No por mala metodología: porque el país anfitrión no tenía capacidad administrativa para firmar cartas de aprobación y ajustes correspondientes en un calendario razonable. Colombia necesita una AND con autoridad legal vinculante, dotación real y capacidad de emitir esas cartas en 60 días, no en años. Sin eso, todo lo demás es teórico.

Segundo: registrar posición formal en la cola de aprobación de metodologías del Artículo 6.4. Corea, Arabia Saudita, Sudáfrica e Indonesia ya lo hicieron. Ningún país latinoamericano se ha posicionado con seriedad. La representación de los bosques amazónicos, los manglares del Pacífico, los ecosistemas del piedemonte y la sabana tropical en las metodologías internacionales se está definiendo ahora, sin nuestra firma en la mesa. El costo de entrar tarde es conocido: las metodologías se calibran para otras geografías, y los proyectos colombianos terminan ajustándose a moldes hechos para otros.

Tercero: infraestructura defensiva frente al mecanismo europeo de ajuste en frontera, cuyas cifras de referencia acaban de ser corregidas por Bruselas esta semana. Los sectores exportadores más expuestos, acero, aluminio, cemento y fertilizantes, necesitan un sistema de contabilidad de carbono industrial verificable y aceptado por la Unión Europea, o pagarán el arancel completo a partir de 2027. Cada mes de retraso equivale a puntos de margen perdidos frente a competidores asiáticos que ya tienen esa infraestructura. En un año en que Colombia ya absorbió un arancel estadounidense por razones ajenas al clima, esos puntos de margen no son teóricos.

Cuarto: posicionamiento explícito frente al Fondo para Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) que lidera Brasil. Colombia debería aspirar a ser miembro fundador o aliado estructural, no observador. Es el mecanismo soberano más grande de finanzas del capital natural que se está construyendo hoy, y su gobernanza se está decidiendo entre pocos países en este mismo trimestre. Ausentarse es aceptar que los términos los defina Brasilia, con o sin coherencia con los intereses colombianos.

Ninguna de estas cuatro decisiones cuesta capital político. Ninguna es de derecha o de izquierda. Son técnicas, administrativas y estructurales: un decreto, tres nombramientos y un memorando interministerial. Se hacen o no se hacen en agosto y septiembre, no en el año que sigue. El reloj externo no corre al ritmo del calendario doméstico.

La COP31 es en noviembre. La geografía del carbono se institucionaliza allí: registros, plantillas de contratos bilaterales, criterios técnicos que después son casi imposibles de reabrir. Colombia puede llegar como cliente, como observador o como arquitecto. La diferencia se juega en las cuatro semanas que empiezan el 7 de agosto, antes de que el nuevo gabinete tenga tiempo siquiera de aprender los nombres de sus contrapartes internacionales.

La ventana no espera a la curva de aprendizaje.