Experto describe las prácticas de violación de DDHH que Maduro ha afianzado el último año
Previo a la campaña por las elecciones presidenciales del 2024, el régimen de Maduro escaló en el nivel de persecusión a las voces disidentes, pero también sumó a defensores de derechos humanos, periodistas y juristas.
El patrón aplicado en Venezuela que se había venido denunciando ante organismos internacionales ha sufrido algunos cambios, algo que debe seguir siendo denunciando para que estos crímenes de Estado no queden impunes.
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Las prácticas que se están aplicando son, para Marino Alvarado de Provea, propias de un régimen "malvado". Incluso esa organización tiene a uno de sus directivos, Eduardo Torres, detenido y sin derecho a la defensa.
Aunque el régimen y sus funcionarios, como el fiscal Tarek William Saab, lo nieguen, en Venezuela se realizan prácticas que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Estos son, según Alvarado:
1. Llevarse a la familia: "Van a buscar una persona , no la consiguen y se llevan los familiares, es un régimen malvado, eso es maldad, son varios los casos que hemos documentado en Provea y otras organizaciones.
2. Desaparición forzada para todos. "Se consolida como politica de Estado. Todo politico detenido es sometido a la desaparición. Juan Pablo Guanipa, uno de los más recientes, sigue en situación de desaprición forzada. Pero sólo en Provea tenemos 22 casos de desaparición y estamos acompañando a sus familiares.
3. Incomunicación prolongada. "Tenemos presos políticos con más de siete meses sin derecho a la visita de sus familiares, mucho menos de sus abogados".
4. No permitir abogado. "A raíz de la detención de Rocío San Miguel y después del 28 de julio la regla es imponer abogado público y no permitirles que tengan abogado de confianza. Nosotros estamos luchando porque Eduardo Torres tenga su abogado de confianza y vamos a dar la pelea, porque no podemos dejar que esto se normalice".
5. No acceder al expediente. Marino Alvarado denuncia la práctica generalizada de impedir que las personas procesadas por terrorismo puedan acceder a los expedientes, y ni si quiera los abogados públicos que imponen al acusado pueden hacerlo. Ellos "tienen restricciones para acceder".
6. No reciben el hábeas corpus. Los jueces penales no están recibiendo los habeas corpus, un derecho de todo acusado para que comparezca de manera inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse.
