Régimen de Venezuela lleva a juicio a estudiante torturado y acusado de conspiración
Un juez aceptó este lunes los cargos contra un estudiante universitario de 24 años acusado en Venezuela de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que será enjuiciado en prisión, según informó su defensa, que pedía desestimar el caso.
El estudiante John Álvarez fue arrestado el pasado 30 de agosto y vinculado con seis dirigentes sindicales que, pocos días antes, fueron condenados a 16 años de cárcel por "conspiración", sentencia que activistas de derechos humanos denunciaron como una represalia por protestas en exigencia de mejores condiciones laborales en el sector público.
"Es una burla", cuestionó ante la prensa el abogado de Álvarez, Joel García, después de la audiencia preliminar contra este universitario, quien denuncia haber sido víctima de torturas por parte de funcionarios policiales.
"Dicen que John cometió delitos de conspiración y asociación (para delinquir) que el Ministerio Público ni siquiera supo explicar en la audiencia; sin embargo, el juez de la causa admitió el escrito acusatorio, admitió todos los órganos de prueba y en consecuencia ordenó el pase a juicio oral y público manteniendo a John Álvarez preso", declaró García, quien asegura que su defendido es inocente.
"Le mandé un mensaje a mi hijo: que siga resistiendo (...). Estamos de pie y vamos a seguir luchando", dijo por su parte la madre de Álvarez, Wendelin Peña.
Su padre, Jhon, sostiene que la liberación del estudiante en realidad depende de "una decisión política".
Según su defensa y sus familiares, cuando fue presentado en tribunales el pasado 4 de septiembre, Álvarez denunció ante el juez que oficiales le aplicaron descargas eléctricas en los genitales, las costillas y las rodillas y lo golpearon con un bate para arrancarle "una confesión", grabada en video, contra los sindicalistas condenados.
Acusan de ello a oficiales de unidades especiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
García asevera que la acusación contra Álvarez está basada sobre "un informe de inteligencia anónimo", cuando la Constitución "prohíbe todas las formas de anonimato".
El abogado estima que el juicio empezaría formalmente el próximo año.
