Abelardo De La Espriella declara la emergencia económica tras el terremoto: así funcionará el “Fondo Milagro” y los alivios tributarios
Tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional.
La medida busca dotar al Ejecutivo de facultades extraordinarias para hacer frente a la crisis, agilizar la atención humanitaria y reconstruir la infraestructura destruida.
A diferencia del decreto de desastre nacional previo fundamentado en la Ley 1523 de 2012 para movilizar recursos de la UNGRD, la emergencia económica se ampara en el artículo 215 de la Carta Magna.
Esta figura habilita al presidente y a su gabinete a expedir decretos con fuerza de la ley sin pasar por el trámite legislativo ordinario del Congreso.
Dentro del marco de medidas excepcionales, el Gobierno oficializó la creación del “Fondo Milagro”, un mecanismo diseñado para captar y ejecutar recursos de origen nacional e internacional orientados a la reconstrucción de hospitales, escuelas, carreteras, viviendas y aeropuertos.
Asimismo, la administración fijó una serie de alivios directos para los damnificados y sectores productivos.
La DIAN diferirá por un mes la presentación de la declaración de renta, retenciones y autorretenciones para personas naturales y jurídicas con domicilio fiscal en municipios fuertemente impactados (Cali, Pereira, Manizales, Armenia, Popayán, Tuluá, Palmira, Buenaventura y Quibdó).
Se flexibilizan los pagos de servicios públicos, se entregarán subsidios de arrendamiento para familias sin vivienda y se activarán líneas de respaldo financiero para pequeños comerciantes.
La respuesta se financiará mediante un crédito de hasta USD 450 millones con el Banco Mundial, la priorización del gasto público y los COP 35.000 millones disponibles para atención inmediata en la UNGRD.
Adicionalmente, cada decreto firmado estará sujeto al control automático de la Corte Constitucional y a la supervisión del Congreso y los órganos de control.
