EE. UU. defiende las deportaciones de Trump y asegura que reducirán el gasto público: “El pueblo estadounidense no pagará la cuenta por los extranjeros”
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) defendió la política migratoria del presidente Donald Trump y aseguró que las medidas para restringir la inmigración y promover las deportaciones permitirán reducir el gasto federal. El organismo sostuvo que los contribuyentes estadounidenses no deberían asumir los costos asociados a la permanencia de extranjeros en el país.
En una publicación difundida en redes sociales, la entidad afirmó que la aplicación durante una década de un conjunto de políticas migratorias y económicas que atribuye a los socialistas podría costar 49 billones de dólares, más de 350.000 dólares por hogar. La cifra forma parte de un informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, divulgado en octubre de 2026.
La publicación también incluye una estimación de 166.716 dólares como supuesto costo de por vida por cada inmigrante indocumentado y calcula que diez millones de personas representarían un costo acumulado de 1,66 billones de dólares. Sin embargo, estas cifras corresponden a estimaciones presentadas por la Administración Trump y no deben interpretarse como un gasto comprobado.
Cabe resaltar que el debate sobre el impacto fiscal de la inmigración también involucra los ingresos tributarios que genera esta población. En un informe publicado en julio de 2024, la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) estimó que el aumento de la inmigración registrado entre 2021 y 2026 reduciría el déficit federal en aproximadamente 900.000 millones de dólares durante el periodo 2024-2034, al aumentar los ingresos públicos más de lo que crecerían determinados gastos federales. La proyección contempla tanto a inmigrantes con autorización para permanecer en el país como a personas sin ella, por lo que no constituye un cálculo exclusivo sobre la inmigración irregular.
La CBO también advirtió que el aumento de la inmigración puede ejercer presión sobre los presupuestos estatales y locales, especialmente en áreas como educación, vivienda y servicios públicos. En consecuencia, el impacto fiscal varía según el nivel de gobierno, los servicios analizados y las características de la población estudiada.
El mensaje del DHS se enmarca en la ofensiva migratoria impulsada por Trump, que ha colocado el control fronterizo y las deportaciones entre las prioridades de su Administración. La Casa Blanca sostiene que restringir el acceso a determinados programas públicos y reducir la inmigración irregular contribuiría a aliviar la presión sobre las finanzas públicas.
No obstante, la cifra de 49 billones de dólares se refiere al conjunto de políticas incluidas en el escenario analizado por el Consejo de Asesores Económicos, no únicamente a las deportaciones. Por ello, el posible ahorro derivado de las medidas migratorias debe distinguirse de las proyecciones generales del informe y evaluarse a partir de sus supuestos y metodología.
