Gobierno de Colombia aclara alcance de deportaciones de migrantes irregulares: no aplicaría para venezolanos en algunos casos
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que la orden del presidente Abelardo De La Espriella para iniciar operativos contra migrantes en situación irregular no está dirigida contra los venezolanos que ingresaron a Colombia durante la crisis migratoria de los últimos años y que ya regularizaron su situación o están cobijados por un régimen de protección especial.
En entrevista con Noticias Caracol, Lara explicó que el Gobierno busca concentrar la medida en personas que permanezcan de manera irregular en el país y, especialmente, en aquellas vinculadas con actividades criminales. Según el ministro, el objetivo también es afectar a las redes que obtienen ganancias con el tránsito irregular de migrantes por zonas como el Darién.
Cabe resaltar que la declaración se conoce un día después de que el presidente Abelardo De La Espriella ordenara a Migración Colombia y a la Policía iniciar esta semana operativos para identificar a extranjeros en situación irregular. El mandatario estableció como prioridad a quienes estén involucrados en delitos y, posteriormente, a quienes no tengan regularizada su situación migratoria.
De La Espriella sostuvo que quienes no cumplan con las condiciones migratorias deberán ser sometidos a los procedimientos administrativos correspondientes y afirmó que la orden de deportación debe comenzar a ejecutarse esta misma semana.
La estrategia fue anunciada durante un consejo de seguridad en Barranquilla, donde el Gobierno también presentó medidas contra el homicidio, la extorsión, el hurto, el microtráfico y las estructuras criminales.
Asimismo, el pronunciamiento del ministro se enmarca en la política de seguridad que el nuevo Gobierno ha planteado frente a las organizaciones armadas ilegales. En junio, Rodrigo Lara aseguró que el Ejecutivo no reconoce un carácter político al Clan del Golfo ni a las disidencias y que estas estructuras serían tratadas como organizaciones dedicadas al narcotráfico.
En este contexto, la referencia a los venezolanos debe entenderse en función de su eventual vínculo con actividades criminales o redes de tráfico de migrantes, y no por su nacionalidad. La información conocida hasta ahora no permite afirmar que los venezolanos afectados por la medida sean, en general, integrantes del ELN o del Clan del Golfo.
Finalmente, cabe resaltar que Colombia alberga una importante población venezolana que llegó al país huyendo de la crisis en ese país. Por eso, el alcance de la orden presidencial y la forma en que se ejecuten los procedimientos migratorios serán claves para determinar quiénes serán efectivamente objeto de deportación.
