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Venció el plazo acordado para que opositores venezolanos apelaran su inhabilitación: María Corina Machado no acudió al Tribunal

María Corina Machado, opositora venezolana - Foto: EFE
María Corina Machado, opositora venezolana - Foto: EFE
Machado insiste en que nunca fue notificada de procedimiento legal, por lo que no acudió a la instancia que se fijó en el diálogo facilitado por Noruega.

Este viernes 15 de diciembre venció el plazo dado en el acuerdo de Barbados, entre el régimen y la delegación de la oposición, para que los candidatos inhabilitados acudieran al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar la revisión de su estatus, pero la candidata María Corina Machado descartó utilizar este recurso asegurando que sobre su causa nunca ha sido notificada.

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El pasado jueves 30 de noviembre, fecha que había sido estimada como límite para ver avances en las inhabilitaciones políticas en Venezuela, el Gobierno de Noruega emitió un comunicado - que asegura han suscrito las partes – con una ruta de revisión de las inhabilitaciones políticas, entre las que se encuentra la de la opositora Machado.

La dirigente ganó en las elecciones primarias del 22 de octubre como candidata de los opositores para enfrentar a Maduro en el 2024.

María Corina Machado no admite la validez de la inhabilitación política emanada de la Contraloría cuando era diputada, puesto que nunca fue notificada ni sometida a procedimiento legal.

Sin embargo, la ruta fijada en el acuerdo pone a los candidatos a acudir a las instituciones controladas por el régimen para resolver su situación política.

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El comunicado establecía que a los fines de implementar el acuerdo, "las partes han convenido el siguiente procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General de la República a diversas personas que aspiran postularse como candidatos en las elecciones presidenciales del año 2024".

Cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia "para ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar, en el lapso establecido desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2023, en días continuos y sucesivos".

Fijó a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia como instancia para analizar las demandas y el amparo cautelar solicitado, "conforme a los principios de celeridad, eficiencia, eficacia recogidos en la Constitución".

No obstante, Machado insistió este jueves 14, un día antes para vencer la fecha, que "los lapsos legales los establece la ley, no el régimen y si no me han notificado de procedimiento alguno difícilmente puede haber un lapso corriendo".


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