En una curtiembre de Kanpur, donde la India apila el cuero que después exporta como zapatos europeos, los obreros trabajan esta semana a 46 grados. El gerente reporta que su productividad ha caído alrededor del 40 por ciento. En Mumbai, a casi mil kilómetros, el municipio acaba de cortar el agua a las obras civiles —la primera medida de ese tipo contra el sector inmobiliario desde 2014— porque la ciudad va camino del junio más seco en veinte años. Y mientras escribo esto, París cierra escuelas por otra ola de calor en pleno fin de mes. Tres lugares, tres economías muy distintas. La factura ya llegó, y es la misma factura.
Las cifras de la investigación reciente confirman lo que el termómetro deja sospechar. El McKinsey Global Institute calculó que la pérdida de horas de trabajo por calor puede poner en riesgo entre el 2,5 y el 4,5 por ciento del PIB indio hacia 2030. La Universidad de Chicago, en un estudio sobre fábricas indias, encontró que la producción cae cerca del 2 por ciento por cada grado adicional de temperatura. El Lancet Countdown contabilizó 247 mil millones de horas potenciales de trabajo perdidas en India en 2024 por exposición al calor, un 124 por ciento más que el promedio de los años noventa. Estos números ya no describen escenarios a 2050 ni proyecciones de adaptación. Describen el PIB de este año.
Mumbai añade el segundo eslabón. La ciudad financiera más importante de India apenas ha recibido este mes el 2,5 por ciento de su promedio histórico de lluvia para junio. El municipio cortó el agua a las obras civiles y redujo en un 20 por ciento el suministro a fábricas y oficinas. Los embalses alcanzan, según pronósticos privados, para unos cuarenta días. Es el patrón que la investigación climática anticipa desde hace tiempo: estiajes cada vez más largos seguidos por aguaceros torrenciales. La ciudad raciona en junio y se inunda en julio.
Frente a este cuadro, la conversación pública sigue empantanada. Buena parte del debate climático aún se gasta en establecer que el problema existe, lo cual a estas alturas debería darse por sentado. La discusión útil empezaría por otra parte: qué arquitectura económica es capaz de absorber estos costos y convertirlos en algo distinto al deterioro. Los regímenes de divulgación corporativa, como acaba de mostrar la Unión Europea al diluir su paquete normativo, se desmontan con un voto. Los subsidios duran lo que dura el gobierno que los firmó. La caridad climática nunca alcanzó la escala del problema y ya nadie pretende lo contrario. Lo único que ha mostrado capacidad de convertir el costo climático en actividad productiva sostenida es una arquitectura distinta, la que trata al capital natural como activo en el balance soberano y a la bioeconomía como política industrial.
Conviene detenerse en lo que está pasando, simultáneamente, en América Latina. Por primera vez una plataforma presidencial regional pone al capital natural en el centro del programa ambiental como política productiva, y no apenas como obligación o como gesto. La Agenda ABC del nuevo gobierno colombiano —Agua, Biodiversidad, Comunidades— habla con naturalidad de bioeconomía como estrategia de competitividad y productividad nacional, de mercados de carbono entendidos como instrumento de desarrollo y no como compensación moral, de integración estratégica con el Artículo 6 del Acuerdo de París, de canjes de deuda por naturaleza y bonos verdes, de finanzas combinadas para apalancar capital privado sobre capital público, de soluciones basadas en naturaleza tratadas como infraestructura, y de preparación temprana frente al CBAM europeo y al CORSIA aeronáutico. Es, hasta donde he visto, la primera vez que un programa de gobierno latinoamericano usa el vocabulario que esta columna lleva tres años sosteniendo.
Vale añadir algo que probablemente resulte evidente y que, aun así, conviene decir: ningún programa es por sí mismo un resultado. Lo difícil empieza después de imprimirlo. Habrá que simplificar permisos sin bajar el estándar técnico, capitalizar la preparación de proyectos donde efectivamente se rompe el pipeline climático, llevar a Parques Nacionales hacia un REDD+ jurisdiccional creíble, blindar el agua frente a cualquier proyecto extractivo, y manejar con disciplina las tensiones internas del plan, incluida la apuesta por hidrocarburos como puente fiscal y la decisión sobre pilotos no convencionales. Cualquiera de esos puntos puede arruinar la coherencia del conjunto. La ejecución se medirá en años, no en titulares. Pero antes de la ejecución viene la decisión, anterior y decisiva, de si la agenda nombra o no la arquitectura correcta. La de Colombia, esta vez, la nombra.
La pregunta que importa para el resto de América Latina no es si esta agenda específica funcionará en Colombia, sino por qué ningún otro programa presidencial regional dijo algo parecido. Brasil tiene la base industrial y biológica para una bioeconomía amazónica de escala mundial y todavía no la ha consolidado como política productiva integrada. Chile tiene el potencial mineral, hídrico y energético para liderar la transición y sigue exportando, mayoritariamente, materias primas. México, Perú, Ecuador, Costa Rica y Panamá tienen la dotación natural sin el compromiso arquitectónico de tratarla como tal. Lo único novedoso es que un documento de gobierno regional, por fin, lo haya escrito. La nota costosa es que haya tomado hasta junio de 2026.
El calor de Kanpur no espera al ciclo electoral colombiano. Tampoco la sequía de Mumbai ni la canícula europea. El costo climático ya es un renglón recurrente, creciente, y avanza más rápido de lo que los gabinetes lo asimilan. La arquitectura para responderlo existía desde hace años en la literatura técnica y desde hace algunos meses en un programa de gobierno latinoamericano. Lo que sigue es construirla y, sobre todo, traducirla. Si esto requiere que la región acepte, por fin, que la bioeconomía es hoy lo más cercano que tenemos a una política industrial coherente para los próximos veinte años, los termómetros del verano de 2026 ya están haciendo gran parte del argumento.
