El gobierno de Abelardo de la Espriella retira designación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como "gestor de paz"
El gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia dio un giro significativo en la política de paz al retirar la designación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez como gestor de paz, mediante la resolución 429 de 2026.
Esta decisión revierte una medida adoptada por la administración de Gustavo Petro en agosto de 2023, en el marco de su controvertida política de "paz total".
La resolución establece claramente en su parte resolutiva: "Retirar la designación como gestor de paz al exmiembro de las Autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia señor Salvatore Mancuso Gómez".
Esta determinación llega después de que el Consejo de Estado accediera a una medida cautelar solicitada mediante demanda para frenar la resolución 244 de 2023, que había otorgado originalmente dicha designación a Mancuso.
La figura de gestor de paz para Mancuso fue una de las iniciativas más polémicas del gobierno Petro. La administración anterior había optado por reincorporar a antiguos jefes paramilitares que ya habían participado en el proceso de Justicia y Paz, donde tuvieron la oportunidad de confesar sus crímenes y revelar la identidad de sus colaboradores en la política.
El argumento esgrimido por el gobierno Petro para esta designación era "cerrar" el proceso de paz con las autodefensas, un planteamiento que generó amplio debate en la opinión pública colombiana. Críticos de esta medida señalaron que estos exjefes paramilitares ya habían tenido su oportunidad de aportar a la verdad y la justicia años atrás, sin que se hubieran obtenido resultados concretos significativos.
La revocatoria por parte del gobierno De La Espriella marca un cambio de enfoque en la política de paz y reconciliación del país. Mancuso, quien fue uno de los máximos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), había sido deportado desde Estados Unidos a Colombia en 2023, después de cumplir una condena en el país norteamericano por narcotráfico.
La decisión del Consejo de Estado de suspender cautelarmente la designación fue determinante para que el nuevo gobierno procediera a formalizar el retiro de esta figura. Esta medida judicial evidenció las dudas jurídicas que rodeaban la legalidad de nombrar como gestor de paz a alguien con el historial de Mancuso.
