“Ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano”: Gobierno de Colombia defiende el decreto de intervención de la Fuerza Pública ante las marchas del 14 de octubre
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, defendió con firmeza la expedición del nuevo decreto gubernamental que establece estrictas reglas operativas para la intervención de la Fuerza Pública durante las movilizaciones convocadas por sectores de oposición en el país.
Durante una alocución televisiva, el jefe de Estado argumentó que la normativa busca trazar una línea infranqueable entre el derecho a la manifestación pacífica y aquellas conductas vandálicas que buscan alterar el orden público o paralizar las vías estratégicas de la nación.
El mandatario aprovechó la intervención para cuestionar a los organizadores de las protestas, y señaló directamente a los aliados políticos de la oposición de intentar desestabilizar la institucionalidad democrática a pocas semanas de haber asumido el poder en la Casa de Nariño.
“Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano. Si pretenden incendiar a Colombia se van a encontrar con la determinación del tigre para defender lo que en derecho corresponde”, sentenció el presidente ante los medios de comunicación.
En el mismo espacio televisivo, el Ejecutivo presentó un balance operativo de sus primeros dos meses de gobierno, con énfasis en la neutralización de treinta y tres cabecillas de estructuras armadas ilegales y la incautación histórica de más de ciento veinticinco mil kilogramos de cocaína.
Adicionalmente, el primer mandatario confirmó el inicio de operaciones del Fondo Milagro con un capital inicial de un billón de pesos destinado a la reconstrucción de las zonas golpeadas por sismos, con lo cual garantizan veeduría estricta sobre cada recurso invertido.
Esta ofensiva normativa y disuasiva del Gobierno marca un punto de inflexión en el manejo del orden público en este tramo, con la consolidación de la doctrina de autoridad y firmeza institucional frente a cualquier intento de alteración del orden constitucional.
Con la puesta en marcha de estas directrices de seguridad y la contratación meritocrática a través del nuevo banco de talento estatal, la administración nacional busca blindar la estabilidad económica y social del país ante la inminencia de las jornadas de agitación convocadas para esta semana.
