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Fiscalía de Perú

Fiscalía de Perú pide 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión

El ente acusador pide las sentencia por “los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública” tras su intento de disolver el Congreso en 2022.

La Fiscalía de Perú pidió 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo Terrones, quien se encuentra privado de la libertad luego de “perpetrar el golpe de estado el pasado 7 de diciembre de 2022”.

Según el Ministerio Público, la sentencia de 34 años contra Castillo Terrones es exigida por “los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública” luego de su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar bajo decreto.

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Por otra parte, la Fiscalía pide 25 años de prisión por “el delito de rebelión” contra la expremier Betssy Chávez Chino, los exministros Roberto Sánchez Palomino, Willy Huerta Olivas, los oficiales PNP Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.

Asimismo, el ente acusador solicita 15 años de pena privativa de la libertad por el mismo delito contra Aníbal Torres Vásquez, expresidente del Consejo de Ministros del Perú.

Dicho requerimiento fue presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos al juez encargado del caso, Juan Carlos Checkley, quien deberá en las próximas semanas revisar los fundamentos de la acusación.

Es de mencionar que el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo era el jefe de Estado de Perú, leyó un mensaje al país anunciando la disolución del Congreso y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

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Tras su fracasada maniobra contra el Legislativo, Castillo fue destituido y llevado al penal Barbadillo, una pequeña cárcel para presidentes dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, en donde cumple prisión preventiva hasta diciembre de 2025.

El expresidente peruano, de 54 años, había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026, pero fue destituido cuando llevaba solo 17 meses en el poder y su vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigían su renuncia, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones a 2023.


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