Estados Unidos cae al puesto 30 en el índice de Estado de derecho del WJP en medio de una tendencia global de deterioro judicial
La organización internacional World Justice Project hizo públicos este miércoles los resultados del Índice de Estado de Derecho 2026, estudio técnico en el cual los Estados Unidos registraron un retroceso de tres posiciones hasta ubicarse en el puesto número 30 entre 143 naciones evaluadas.
El informe de la entidad independiente atribuyó la contracción del 1,8 % en la puntuación general norteamericana a la pérdida de eficiencia e imparcialidad en los tribunales ordinarios, con un descenso severo de diez casillas en la categoría de justicia civil hasta la posición 47.
En el ámbito de la justicia criminal, el país norteamericano descendió cuatro escalones hasta situarse en el puesto 41, mientras que en el rubro de derechos fundamentales cayó al lugar 49, en un reflejo directo del impacto de la polarización política sobre las instituciones del Estado.
Pese a los retrocesos puntuales, la nación preserva sus mejores calificaciones en el renglón de gobierno abierto al ubicarse en el puesto 20, así como en la categoría de ausencia de corrupción donde ocupa el lugar 27 de la lista general.
“La expansión de las prácticas autoritarias sigue siendo la principal causa de la erosión del estado de derecho, una tendencia que ya no es solo emergente, sino que se ha arraigado en muchas partes del mundo”, sostuvo el director ejecutivo de la organización, Alejandro Ponce, al presentar las conclusiones del diagnóstico global.
En el plano hemisférico, la publicación reconfirmó al régimen de Venezuela en el fondo de la tabla internacional, ocupando el último puesto del índice por segundo año consecutivo debido a la cooptación absoluta del aparato judicial y la violación sistemática de las garantías ciudadanas.
El deterioro de los indicadores en más del 60 % de los países analizados evidencia la fragilidad de las instituciones democráticas ante el avance de regímenes populistas.
La preservación del equilibrio de poderes y la independencia del sistema judicial resultan esenciales para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad de las naciones libres.
