Estados Unidos confirma participación en el desmantelamiento de importante red criminal en Medellín
Una ofensiva conjunta entre organismos de inteligencia de Estados Unidos y las autoridades colombianas permitió el desmantelamiento de una estructura dedicada al contrabando y la falsificación de mercancías en Medellín, asestando un golpe estratégico a las economías ilícitas que operan en la región.
El operativo, que incluyó la realización de ocho diligencias de allanamiento en distintos puntos de la ciudad, fue articulado por Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la Fiscalía General de la Nación y la administración del alcalde Federico Gutiérrez.
Las intervenciones dejaron como resultado la captura de cinco personas vinculadas a redes de fraude aduanero y la incautación de un importante lote de calzado falsificado junto a material bélico.
“No vamos a bajar la guardia. Seguiremos golpeando las economías criminales donde más les duele: en sus rentas. En Medellín no vamos a permitir que los ilegales conviertan la ciudad en territorio para sus negocios criminales”, aseveró el alcalde Federico Gutiérrez al informar el balance de la operación.
Las autoridades decomisaron 4.455 pares de calzado falsificado, cuyo valor comercial en el mercado ilegal asciende a más de $897 millones de pesos. Durante los procedimientos se decomisaron un revólver, 19 cartuchos de munición y más de $10,6 millones de pesos en efectivo producto de las ventas fraudulentas.
Representantes diplomáticos de Estados Unidos enfatizaron que la colaboración entre HSI y las entidades aduaneras colombianas busca blindar el comercio formal y combatir el lavado de activos que amenaza las economías de ambos países.
Los resultados operativos en la capital antioqueña consolidan la efectividad de los acuerdos de cooperación judicial y de inteligencia entre Washington y Bogotá. Al afectar de forma directa la cadena de distribución del contrabando, las agencias de seguridad e instituciones locales reafirman su estrategia de perseguir la financiación ilícita para garantizar la protección del sector productivo.
