Grupo de DDHH y familiares acusan a China de recurrir a la tortura en las cárceles
China continúa recurriendo a la tortura para obtener confesiones de los presos, lo que incluye palizas y la denegación de atención médica, aseguró este miércoles una organización de derechos humanos.
El sistema judicial chino ha sido criticado en numerosas ocasiones por la desaparición de acusados, la persecución de disidentes y el uso sistemático de la tortura para obtener confesiones, según activistas.
El último informe del grupo Chinese Human Rights Defenders (CHRD) analizó los casos de 209 reclusos entre 2016 y 2025 que alegaron haber sido torturados y maltratados mientras se encontraban detenidos en China, a pesar de que dichas prácticas están prohibidas por la ley.
El 20% de los reos afirmó haber sido golpeado, mientras que el 15% señaló haber sido torturado para lograr confesiones.
Asimismo, el 35% de los presos entrevistados por el CHRD declaró haber sido privado de atención médica adecuada, lo que provocó la muerte de 16 de ellos tras las rejas.
Los reclusos también denunciaron en el informe que se les privaba de sueño, comida y agua, que eran sometidos a temperaturas gélidas y descargas eléctricas, encerrados en jaulas de hierro y colgados de las muñecas.
El CHRD documentó casos de tortura en todas las provincias y regiones administrativas especiales de China, excepto en Macao.
La ley china establece que la tortura y el uso de la violencia para obtener confesiones son punibles con hasta tres años de prisión, con penas más graves si esas acciones causan lesiones o la muerte de la víctima.
Pekín también es signatario de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, pero por largo tiempo se le ha acusado de no implementar ni hacer cumplir las leyes y regulaciones para erradicar este abuso.
"La tortura persiste porque las autoridades chinas suelen negarse a investigar y enjuiciar las denuncias presentadas por los presos de conciencia. En algunos casos, las denuncias dan lugar a castigos adicionales", señala el informe.
Titulado "Barrido bajo la alfombra: fallas sistémicas para poner fin a la tortura en la República Popular de China", el informe no encontró pruebas que sugieran que se hayan iniciado procesos penales ni que se hayan tomado medidas disciplinarias contra los responsables.
