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La JEP tiene nuevo presidente: Colombia cambia al líder del tribunal que juzga los crímenes del conflicto armado

Foto: JEP
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Danilo Rojas Betancourth dirigirá la JEP por dos años y tendrá que afrontar recortes presupuestales mientras avanzan los procesos en contra de antiguos miembros de las FARC y agentes del Estado.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado luego del acuerdo de paz de 2016 para investigar y juzgar los crímenes más graves del conflicto armado colombiano, eligió al magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth como presidente para el periodo 2026-2028. Se quedó con 23 votos y asumirá el cargo el próximo 5 de noviembre, en reemplazo de Alejandro Ramelli.

La elección llega en el momento en que la institución enfrenta dificultades presupuestales y tiene que avanzar en los procesos que tienen relación con secuestros, asesinatos de civiles presentados como bajas en combate y otros crímenes cometidos por décadas de conflicto.

Uno de los principales desafíos de la nueva presidencia va a ser gestionar la reducción de recursos prevista para 2027, que supera los 181.000 millones de pesos colombianos, según reportes de medios locales. El ajuste crea preocupación por sus posibles efectos de la capacidad de la jurisdicción para cumplir sus funciones.

La JEP fue creada en el marco del acuerdo firmado entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su mandato busca establecer responsabilidades, garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, y aplicar sanciones a los responsables de los delitos que sean y hayan sido más graves.

Rojas Betancourth es abogado y magistrado del Consejo de Estado, la máxima instancia de la jurisdicción contencioso-administrativa colombiana, que presidió en 2016. Desde el 2018 integra la JEP y hace parte de su Sección de Apelación, encargada de resolver recursos contra decisiones judiciales.

Por los próximos dos años, tendrá que representar y coordinar la institución en un momento decisivo para el avance de sus procesos judiciales y el cumplimiento de los compromisos de justicia transicional derivados del acuerdo de paz.

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