El registrador nacional de Colombia defiende las elecciones de 2026: "No hay ninguna duda frente al proceso electoral"
El registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos, defendió la transparencia de las elecciones presidenciales celebradas en el país en 2026 y pidió que la justicia proteja el buen nombre de la autoridad electoral, en medio de la disputa que sostiene con el expresidente Gustavo Petro por sus denuncias de un supuesto fraude.
“El proceso colombiano es manual. El conteo de votos y el escrutinio se realizan con las actas manuales”, aseguró Penagos este martes 13 de octubre desde Riohacha, en el departamento colombiano de La Guajira.
El funcionario aseguró que las comisiones escrutadoras, 9.300 jueces de la República y el Consejo Nacional Electoral participaron en la revisión de los resultados.
“Por tanto, no hay ninguna duda frente a cómo se gestionó el proceso electoral o cómo se llevaron a cabo las elecciones”, agregó, al señalar que la transparencia de igual forma fue respaldada por observadores internacionales.
La controversia se intensificó luego de que Petro cuestionara públicamente la transparencia de los comicios, incluidos aspectos relacionados con los formularios electorales, los sistemas de seguridad de los resultados y los mecanismos de auditoría.
Frente a esos señalamientos, Penagos presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado para reclamar protección de sus derechos al buen nombre y a la honra, así como de la reputación de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El registrador afirma que las declaraciones del entonces mandatario promovieron una narrativa de fraude electoral y afectaron la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de organizar y supervisar las votaciones.
“Lo que hemos hecho es pedir que se proteja el buen nombre de la Registraduría Nacional, en vista de que el proceso electoral colombiano transcurrió de manera transparente”, indicó Penagos.
El Consejo de Estado admitió la tutela para su estudio, pero esa decisión no refleja un fallo definitivo de las acusaciones. Corresponde ahora bien al alto tribunal estudiar los argumentos de las partes y determinar si procede la protección solicitada.
