Ciudad de Estados Unidos demanda a Gobierno Trump para frenar transformación de una bodega industrial en un centro de detención migratoria
La ciudad de San Antonio, en Texas, presentó una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump para impedir que una bodega industrial se convierta en un centro de detención de inmigrantes con capacidad para albergar hasta 1.500 personas. Las autoridades locales aseguran que el proyecto progresa sin las evaluaciones ambientales exigidas por la legislación federal.
La acción judicial fue presentada ante un tribunal federal e indica al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por presuntas infracciones de la Ley Nacional de Política Ambiental y de la Ley de Procedimiento Administrativo.
El inmueble está situado en el este de San Antonio y tiene una superficie de cerca de 59.458 metros cuadrados. Según el escrito judicial, fue desarrollado para almacenar mercancías, no para alojar a una población de detenidos por períodos prolongados.
“Todas las agencias federales, y subrayo que todas, incluyendo el DHS, tienen que realizar una evaluación ambiental previo a emprender un proyecto de esta magnitud y alcance”, declaró Andy Segovia, abogado de la ciudad.
Uno de los principales argumentos de la demanda es que la infraestructura de alcantarillado no tiene capacidad suficiente para atender las necesidades del centro. La ciudad advierte que alojar a 1.000 personas exigiría multiplicar casi por quince la capacidad de alcantarillado que está asignada al edificio, lo que puede provocar desbordamientos de aguas residuales y condiciones insalubres si no se realizan las mejoras requeridas.
El documento de igual forma señala que la bodega está junto a una zona inundable, circunstancia que, según las autoridades municipales, puede agravar los riesgos sanitarios y complicar las operaciones de emergencia.
La alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones, aseguró que la ciudad solicitó información del proyecto en varias ocasiones sin obtener respuestas suficientes. Según Segovia, las autoridades locales enviaron cinco cartas al Gobierno federal desde febrero. “San Antonio se cansó de esperar”, aseguró la alcaldesa.
El Departamento de Seguridad Nacional rechazó los argumentos ambientales y acusó a la alcaldía de intentar obstaculizar la política migratoria del presidente. Un portavoz sostuvo que la disputa no responde a preocupaciones ecológicas, sino a la oposición política a los planes de deportación.
La demanda pide anular la decisión de desarrollar el centro y bloquear las obras de manera temporal y permanente. Segovia advirtió que, si inician los trabajos, la ciudad solicitará una audiencia de emergencia para detenerlos.
El caso se suma a la resistencia de otras comunidades de Estados Unidos frente a los planes federales de adaptar bodegas industriales para ampliar la capacidad de detención migratoria. En distintos estados, iniciativas similares encontraron oposición local y obstáculos judiciales.
