Abogado de Deicy Jiménez renuncia por motivos de seguridad en el día en que la excontratista del Gobierno Petro debía comparecer ante la Fiscalía
El abogado penalista Andrés Felipe Caballero presentó este martes su renuncia irrevocable a la representación legal de Deicy Jiménez, la excontratista que denunció la existencia de una supuesta red de explotación sexual y favores íntimos a cambio de la adjudicación de contratos públicos durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
La dimisión del profesional del derecho se produjo al esgrimir graves motivos de seguridad personal, en una fecha que coincidió con la diligencia en la cual la excontratista debía comparecer ante la Fiscalía General de la Nación para ampliar su declaración en el marco de las indagaciones preliminares que conduce la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marcela Abadía.
El caso, que salió a la luz pública tras revelaciones periodísticas, motivó la apertura de múltiples líneas de investigación para determinar la posible comisión de delitos contra la administración pública, el direccionamiento irregular de la contratación estatal y otras conductas punibles asociadas.
Paralelamente, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya había escuchado el testimonio de Jiménez dentro de las indagaciones previas que se adelantan en contra del exmandatario y de la congresista María José Pizarro por hechos relacionados con su paso por el poder legislativo.
La renuncia del abogado Caballero añade un nuevo capítulo de complejidad a este proceso judicial que genera un intenso debate público en el país. La decisión del penalista de apartarse de la defensa por razones de seguridad plantea interrogantes sobre las circunstancias y presiones que rodean el desarrollo de esta investigación.
Hasta el momento, no se han conocido declaraciones oficiales de Caballero sobre los detalles específicos que motivaron su retiro del caso. Tampoco se ha confirmado si Jiménez ya cuenta con un nuevo representante legal que la acompañe en las diligencias judiciales pendientes.
