EE. UU. endurece su ofensiva contra la Corte Penal Internacional: Marco Rubio anuncia nuevas sanciones y advierte que no tolerará “ataques a la soberanía estadounidense”
El gobierno de Donald Trump volvió a endurecer su ofensiva contra la Corte Penal Internacional (CPI) y anunció nuevas medidas contra dos altos funcionarios del tribunal, al tiempo que advirtió que Estados Unidos no tolerará lo que considera un ataque contra su soberanía.
El secretario de Estado, Marco Rubio, informó este 18 de agosto de 2026 que Estados Unidos sancionó a la presidenta de la CPI, la magistrada japonesa Tomoko Akane, y al abogado principal de juicio del tribunal, Abdoulaye Seye, de nacionalidad senegalesa. Según el Departamento de Estado, ambos fueron designados bajo la Orden Ejecutiva 14203, firmada por Donald Trump en febrero de 2025, que estableció sanciones contra funcionarios de la Corte.
La administración Trump sostiene que los dos funcionarios participaron directamente en esfuerzos de la CPI para investigar, detener o procesar a funcionarios cuyos gobiernos no han aceptado la jurisdicción del tribunal. En ese sentido, Rubio aseguró que la Corte es un organismo supranacional “corrupto y fatalmente politizado” que ha abusado de su autoridad y excedido su mandato.
“No toleraremos su ataque a la soberanía del Estado”, afirmó el secretario de Estado en el comunicado difundido por el gobierno estadounidense.
Cabe aclarar que las nuevas sanciones hacen parte de una estrategia anunciada por Rubio en julio de 2026 para enfrentar lo que EE. UU. considera una amenaza de la CPI contra la soberanía estadounidense.
El Departamento de Estado planteó entonces una campaña que incluye acciones diplomáticas para convencer a otros países de rechazar la autoridad que la Corte pretende ejercer sobre funcionarios estadounidenses. También contempla aumentar el escrutinio sobre países que continúen respaldando la jurisdicción de la CPI y utilizar distintas herramientas diplomáticas para presionar a los Estados miembros a reconsiderar su permanencia en el tribunal.
Washington sostiene que Estados Unidos nunca aceptó la jurisdicción de la CPI y que, por esa razón, el tribunal no puede ejercer autoridad sobre ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Justicia reiteró esta posición en julio de 2026 y afirmó que Estados Unidos no cooperará con investigaciones, citaciones o procedimientos de la Corte que involucren a ciudadanos estadounidenses.
Cabe resaltar que Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, tratado que creó la CPI. Sin embargo, la jurisdicción del tribunal no depende exclusivamente de la nacionalidad de los acusados: el Estatuto establece, entre otras posibilidades, que la Corte puede actuar cuando los presuntos crímenes se cometen en el territorio de un Estado parte o cuando el acusado es nacional de un Estado parte. También puede intervenir en situaciones remitidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La confrontación entre Washington y la Corte no comenzó con las nuevas sanciones.
En febrero de 2025, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14203, mediante la cual declaró una emergencia nacional relacionada con las acciones de la CPI y autorizó el bloqueo de bienes y activos dentro de Estados Unidos de determinadas personas vinculadas con actuaciones del tribunal, además de restricciones de entrada al país. La Casa Blanca justificó entonces la medida por las investigaciones de la Corte sobre personal estadounidense y por las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el entonces exministro de Defensa israelí Yoav Gallant.
En ese sentido, Washington ha ampliado las sanciones contra funcionarios de la CPI. Las nuevas designaciones contra Akane y Seye representan otra escalada dentro de esa campaña.
Por otro lado, la Corte Penal Internacional rechazó las nuevas sanciones y sostuvo que las medidas estadounidenses constituyen un ataque contra la independencia del tribunal. La Corte afirmó que continuará cumpliendo su mandato judicial y defendiendo la independencia de sus funcionarios.
La controversia también ha generado preocupación internacional. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su preocupación por las sanciones estadounidenses contra funcionarios de la Corte y reiteró la importancia de la CPI dentro del sistema internacional de justicia penal.
Finalmente, mientras la administración Trump sostiene que la CPI no tiene autoridad sobre funcionarios de países que no han aceptado su jurisdicción, la Corte defiende la aplicación de las competencias que le reconoce el Estatuto de Roma.
