EE. UU. planea llevar a cabo ataques "en tierra" contra narcotraficantes junto a socios latinoamericanos, incluido Colombia
Estados Unidos planea ejecutar ataques "en tierra" contra narcotraficantes en Latinoamérica, como ya lo hace en aguas internacionales contra presuntas embarcaciones para el contrabando de drogas, según el secretario de Guerra Pete Hegseth.
Cabe recordar que el Gobierno del presidente Donald Trump lanzó en septiembre pasado una campaña de bombardeos aéreos contra presuntas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Esto ocurre tras la importante reunión entre 19 países, liderada por Trump, denominada Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C).
Los planes de operaciones antidrogas terrestres podrán ampliarse a "donde quiera" que operen grupos del narcotráfico, añadió el secretario en Panamá.
Asimismo, Hegseth dijo que Estados Unidos espera desplegar junto a sus aliados una "capacidad operativa como la que vieron con los ataques a las lanchas de droga" en el Caribe y el Pacífico.
Será "el mismo efecto en tierra, y por eso estamos trabajando con Ecuador, Colombia, con socios para llevar la lucha a los DTO (organizaciones designadas terroristas) en tierra", agregó.
"Donde quiera que trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, (esas organizaciones) son un objetivo, igual que ISIS (acrónimo en inglés del grupo Estado Islámico) o Al Qaeda", sentenció.
La Coalición Anticárteles de las Américas reúne a países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, con gobiernos conservadores.
Hegseth hizo hincapié en que su advertencia a los cárteles va "en serio", "desde aquí abajo, en el tráfico de cocaína, hasta el fentanilo en las plazas de México", además de los remanentes de las guerrillas colombianas, que definió como "objetivos legítimos".
México, donde operan poderosas organizaciones criminales, no forma parte de la alianza.
Asimismo, Hegseth defendió la letalidad de los ataques contra las supuestas narcolanchas, que según juristas y organizaciones de derechos humanos pueden constituir ejecuciones extrajudiciales.
