El cierre total del espacio cívico en Venezuela parece inminente: La temida advertencia del ISHR
El Servicio Internacional de Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés), advirtió en un comunicado que la mitad de las ONG venezolanas no pueden trabajar con libertad y que desde el año 2024, más de 70 personas defensoras de derechos humanos han sido detenidas arbitrariamente.
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Esto evidencia un espacio cívico cada día más cerrado en una Venezuela con restricciones legales, amenazas y discursos estigmatizantes desde el poder, lo que agrava la persecución contra quienes defienden derechos fundamentales en el país.
Las organizaciones no gubernamentales "se ven gravemente limitadas debido a la aplicación de leyes restrictivas y a la retórica estigmatizadora de autoridades de alto nivel contra las ONG, que fomentan un miedo generalizado a la detención y al ostracismo público".
Por eso alerta que sin un cambio significativo en las políticas estatales, "el cierre total del espacio cívico es inminente, amenazando la existencia de la mitad o más del sector de la sociedad civil".
Estas medidas son contrarias a las recomendaciones de órganos de derechos humanos de la ONU, "y ponen de manifiesto la falta de voluntad de las autoridades venezolanas de acatar el derecho internacional de los derechos humanos", pese a que algunas de estas recomendaciones fueron aceptadas voluntariamente por Venezuela hace dos años durante el Examen Periódico Universal.
Desde el año 2024, más de 70 personas defensoras de derechos humanos han sido detenidas arbitrariamente, entre ellas Eduardo Torres, Naomi Arnaudez, Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejeda y Carlos Julio Rojas. En muchos casos, las detenciones han estado acompañadas de desaparición forzada, aislamiento prolongado y tratos crueles, configurando un patrón de persecución sistemática.
"Sus historias reflejan un patrón sistemático de persecución y criminalización de quienes vigilan, documentan e informan de forma independiente sobre la crítica situación de los derechos humanos en Venezuela", denunció la organización.
De acuerdo con el ISHR, estos casos tienen lugar en el "contexto de una intensificación del acoso y la persecución por parte del Estado venezolano hacia las personas defensoras de los derechos humanos como un intento del gobierno de silenciar la labor de la sociedad civil tras las elecciones de julio de 2024".
