El Gobierno de Donald Trump pidió a corte que finalice la investigación por posible desacato judicial tras expulsión de venezolanos a El Salvador
El Gobierno de Donald Trump pidió este martes a una corte federal de apelaciones que finalice la investigación por un posible desacato judicial que tiene relación con la expulsión de cientos de migrantes, sobre todo venezolanos, enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador en marzo de 2025.
En una audiencia ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el Departamento de Justicia argumentó que el juez federal James Boasberg se excedió al iniciar una investigación para determinar si funcionarios de la Administración Trump desobedecieron deliberadamente una orden judicial que contemplaba impedir que los vuelos llegasen a territorio salvadoreño.
El caso se remonta al 15 de marzo de 2025, momento en el que Estados Unidos deportó a unos 238 migrantes a El Salvador bajo la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La mayoría eran venezolanos y trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel salvadoreña.
Boasberg ordenó detener los vuelos cuando las aeronaves aún estaban en el aire y dispuso que los migrantes fueran devueltos a Estados Unidos. No obstante, los aviones siguieron su trayecto y aterrizaron en El Salvador. Más adelante el juez concluyó que habían indicios para investigar si funcionarios del Ejecutivo incumplieron de manera deliberada su orden.
El abogado del Gobierno, el fiscal general adjunto Brett Shumate, aseguró en la audiencia que Boasberg asumió funciones correspondientes al Departamento de Justicia. Según su argumento, si un juez ve que puede existir un delito de desacato, debe remitir la situación a los fiscales para que dictaminen si hay o no que presentar cargos.
La discusión igualmente se enfocó en el papel de Kristi Noem, la cual era secretaria de Seguridad Nacional al momento de las deportaciones. La Administración Trump señaló que Noem tomó la decisión de seguir con los vuelos tras recibir asesoramiento legal. Algunos jueces cuestionaron si presentarla como responsable pudiese terminar funcionando como una estrategia para proteger a otros funcionarios por medio del privilegio ejecutivo.
La Unión de Estados Unidos por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a varios de los migrantes deportados, defendió que la investigación siga. Su abogado, Lee Gelernt, aseguró que cerrar el proceso enviaría un mensaje de que el Poder Ejecutivo podría incumplir una orden judicial y luego impedir que se determine quién tomó las decisiones.
El caso llegó de nuevo al pleno de la Corte de Apelaciones de Washington, integrada por 11 jueces, luego de que un panel del mismo tribunal ordenó en abril de 2026 poner fin a la investigación. La corte decidió revisar esa decisión por la importancia del conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
