Estados Unidos condenó a seis integrantes de una red que traficaba con migrantes cubanos y habría lavado más de 22 millones de dólares
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves 29 de octubre que seis personas, cinco ciudadanos cubanos y un estadounidense, fueron condenadas por su participación en una organización internacional dedicada al tráfico de migrantes, el fraude en solicitudes de asilo y el lavado de dinero.
De acuerdo con el comunicado oficial, los implicados hicieron parte de una estructura criminal que habría sido responsable de más de 1.700 solicitudes fraudulentas de asilo. Además, las investigaciones establecieron que los integrantes de esta organización cobraban entre 1.500 y 40.000 dólares por sus servicios de traslado irregular de personas hacia territorio estadounidense.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue la manera en que operaba esta red. Según los documentos judiciales, sus integrantes promocionaban sus servicios a través de diferentes plataformas de redes sociales, dirigidas principalmente a ciudadanos cubanos que residían en la isla y buscaban llegar a Estados Unidos.
Para facilitar los ingresos, la organización utilizaba diferentes mecanismos. Entre ellos estaba el traslado de personas a través de la frontera sur estadounidense y la presentación de solicitudes fraudulentas del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA).
En este último procedimiento, los implicados habrían presentado información falsa, direcciones ficticias y supuestas ciudadanías europeas para conseguir autorizaciones de viaje. Incluso, las autoridades señalaron que se hicieron declaraciones falsas para ocultar que los solicitantes habían permanecido en Cuba después de 2011, pese a que los residentes cubanos no son elegibles para ingresar mediante el programa ESTA.
Una vez que las personas llegaban a Estados Unidos, la organización también les ofrecía asistencia para presentar documentos fraudulentos y solicitar asilo, así como acceder a otros beneficios migratorios, con el propósito de facilitar su permanencia en el país.
Otro de los elementos centrales de la investigación tiene que ver con el dinero que habría movido esta estructura criminal. El Departamento de Justicia indicó que, entre 2021 y 2025, los implicados y sus colaboradores lavaron más de 22 millones de dólares mediante diferentes transacciones y empresas ficticias que utilizaban para ocultar el origen de los recursos.
Asimismo, entre julio de 2022 y noviembre de 2024, la organización gastó más de 600.000 dólares en una sola aerolínea para comprar tiquetes comerciales. En algunos casos, incluso habría contratado vuelos privados para trasladar grupos de migrantes.
Por estos hechos, Liannys Yaiselys Vega-Perez recibió una condena de cuatro años de prisión; Miguel Martinez Vasconcelos, dos años; Layra Libertad Treto Santos, 30 meses; Luis Emmanuel Escalona-Marrero, dos años; Walbis Pozo-Dutel, dos años, y Emanuel Martinez Gonzalez, otros dos años.
Las autoridades también ordenaron el decomiso de 2,9 millones de dólares a Escalona-Marrero, 150.000 dólares a Martínez Vasconcelos y 95.000 dólares a Treto Santos.
¿Qué se sabe de los otros implicados?
El Departamento de Justicia precisó que doce personas fueron acusadas inicialmente por su participación en esta estructura criminal. Dos de ellas, Yuniel Lima-Santos y Gisleivy Peralta Consuegra, se declararon culpables y están a la espera de conocer sus respectivas sentencias.
Por su parte, Erik Ventura-Castro recibió en julio una condena de 30 meses de prisión, mientras que Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez fue declarado culpable en septiembre y permanece a la espera de su sentencia. Entretanto, Marianny Lucia Lopez-Torres y Frandy Aragon-Diaz continúan prófugos.
El caso hace parte de la denominada Operación Take Back America, una iniciativa del Departamento de Justicia estadounidense que busca combatir las organizaciones criminales transnacionales, el tráfico de personas y otras actividades delictivas relacionadas con la inmigración irregular.
Finalmente, se destaca que la investigación contó con la participación de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), entre otras agencias.
