Fiscalía Federal acaba de radicar documento sobre alias “Araña” en el que justifica mantenerlo preso al llegar a EE. UU y confirma cargos de narcotráfico internacional y narcoterrorismo
Geovany Andrés Rojas, conocido con el alias de "Araña", enfrenta cargos federales en Estados Unidos por conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo, luego de que Colombia autorizara su extradición tras años de idas y vueltas judiciales y políticas.
El Gobierno anterior del expresidente Gustavo Petro había suspendido la extradición del criminal, argumentando "compromisos con el desmantelamiento de la violencia". Sin embargo, la llegada de De la Espriella a la Presidencia marcó un cambio de política.
Rojas fue capturado en Colombia el 12 de febrero de 2025 en cumplimiento de una orden de arresto estadounidense. Un mes después, un gran jurado federal en el Distrito Sur de California lo acusó formalmente de dos delitos que, según la Fiscalía, podrían costarle décadas de prisión.
De las FARC a un nuevo grupo armado
Según el expediente judicial, Rojas fue miembro de las FARC hasta 2016, año en que salió de la cárcel colombiana, donde cumplía condena por delitos violentos, para sumarse al proceso de paz con el gobierno.
Sin embargo, la fiscalía sostiene que rápidamente abandonó ese camino y fundó Comandos de la Frontera (CDF), un grupo armado que llenó el vacío dejado por la desmovilización de las FARC en la frontera con Ecuador y Perú.
Bajo su mando, CDF habría crecido hasta unos 1,000 combatientes y tomado control por la fuerza de corredores estratégicos para la producción y el tráfico de cocaína, incluido el departamento de Putumayo, una de las zonas cocaleras más importantes del país. Los fiscales afirman que esa red financiaba al grupo con toneladas de droga destinadas, en última instancia, al mercado estadounidense.
El expediente también señala que Rojas presentó a CDF como parte de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC que Washington designó organización terrorista extranjera en diciembre de 2021.
Un proceso de extradición marcado por la política
El camino hacia la extradición de Rojas no fue lineal. En octubre de 2025, la Corte Suprema de Colombia aprobó por unanimidad su entrega a Estados Unidos.
Pero el entonces presidente Gustavo Petro suspendió el trámite mientras Rojas participaba en negociaciones de paz entre grupos armados y el gobierno colombiano.
El giro llegó el 26 de agosto de 2026, cuando el recién electo presidente Abelardo de la Espriella ordenó que la extradición siguiera su curso. Las autoridades estadounidenses esperan que Rojas comparezca próximamente ante la corte; su audiencia inicial está programada para el 28 de septiembre de 2026.
La fiscalía pide detención sin fianza
En la moción presentada este 25 de septiembre, los fiscales piden que el juez ordene la detención de Rojas durante todo el proceso, argumentando que ninguna condición de libertad condicional podría garantizar su comparecencia ni la seguridad de la comunidad.
El documento invoca una presunción legal a favor de la detención, aplicable en casos de narcotráfico con penas mínimas de 10 años o más, y en casos de narcoterrorismo. Ambos cargos que enfrenta Rojas: conspiración para distribuir cocaína y narcoterrorismo, activan esa presunción por separado.
Los fiscales también recuerdan que en 2010 Rojas ya había sido condenado en Colombia a cerca de 29 años de prisión por narcotráfico y delitos con armas, y que salió de esa condena aprovechando el proceso de paz de 2016 para, según la acusación, reincidir de inmediato en la actividad armada.
El documento de la Fiscalía incluye pruebas visuales de identificación y liderazgo. El fiscal las incluyó para que el juez no dependa solo de lo que dice el escrito: que vea a Rojas presentándose como jefe armado de Comandos de la Frontera y alineado con Segunda Marquetalia.
